“En algunos temas falta una verdadera versión estratégica de largo plazo”: Ocampo

El profesor José Antonio Ocampo, codirector del Banco de la República, es una de las voces más autorizadas a la hora de hablar de economía. Ocampo no solo tiene una amplia carrera internacional, que lo ha llevado a ejercer como secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales o secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sino también una exhaustiva bibliografía que lo ha llevado a escribir más de 40 libros.

A estos pergaminos, se le suma su paso por el sector público como Ministro de Hacienda, Agricultura y director del Departamento Nacional de Planeación. Precisamente, sobre esto último, Ocampo reflexiona en esta entrevista sobre las políticas de planeación en Colombia y resalta que, en algunos casos, ha faltado la visión de un proyecto país.

¿Qué impulso le dio la Misión Currie a la planeación?
La Misión Currie fue el inicio de las políticas de planeación en Colombia, pero en la forma como la conocemos hoy parte del primer gobierno del Frente Nacional, con la creación en 1958 del Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos (más tarde Departamento Nacional de Planeación) y el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación (hoy Consejo Nacional de Política Económica y Social o Conpes). El primer plan de desarrollo fue el plan decenal de la administración de Lleras Camargo, que en gran medida se hizo con colaboración de la Cepal.

¿Cuáles han sido las principales herencias que han dejado los Planes de Desarrollo?
Desde que los planes se hacen por gobierno (básicamente desde la administración Pastrana Borrero), los planes proporcionan la visión de lo que quiere hacer en materia económica y social cada administración durante el cuatrienio que le corresponde, lo cual sirve de marco para el diseño de las políticas específicas que aprueba el Conpes y para el diseño de los presupuestos de inversión pública. Estos últimos quedaron enmarcados en el plan plurianual de inversiones que debe aprobar el Congreso desde la Constitución de 1991. De ahí, la importancia de que la política de inversión siga a cargo del DNP.

¿Cuál ha sido la importancia para la economía de contar con un organismo como el Departamento Nacional de Planeación?
Es la institución que provee el marco de políticas económicas y sociales de cada administración y su plan de inversiones, de acuerdo con lo señalado en la pregunta anterior. Es también la entidad intersectorial que apoya directamente al Presidente de la República, juega un papel esencial en la relación entre la nación y las regiones y es una especie de “tanque de pensamiento” del Gobierno Nacional.

¿Cree que sí ha funcionado que se haya replicado en las ciudades el modelo de establecer una herramienta para tener un Plan de Desarrollo?
Sirve que tengan la obligación de elaborar planes de desarrollo para sus territorios, pero ninguna tiene un organismo de carácter ejecutivo de la calidad del DNP.

¿Ha faltado que los gobernantes continúen las obras de los planes de desarrollo de sus predecesores?
Hay mucha más continuidad en muchas áreas, mucha más de la que reconocen los gobiernos. Esto es especialmente cierto en el área de infraestructura, pero también en muchos programas sociales. Pero en algunos temas ciertamente falta una verdadera versión estratégica de largo plazo o, si se quiere, un proyecto país. Este es el caso, por ejemplo, de la política de ciencia, tecnología e innovación, donde la falta de continuidad entre distintas administraciones es evidente, lo cual ha dado como resultado el atraso colombiano en este campo.

¿Cómo ha avanzado la economía en estas seis décadas?
Para comenzar, ya el sector externo no depende del café, sino del petróleo. Ha habido áreas donde avanzamos primero y luego se han quedado rezagadas. Este es notoriamente el caso de la industrialización, que avanzó mucho hasta mediados de la década del 70 y más bien ha tendido a retroceder desde la puesta en marcha de la apertura económica en los años 90.

También es cierto del sector agropecuario, que tuvo un excelente desempeño en términos de crecimiento y diversificación en los años 60 y 70, pero ha tenido también un menor desempeño desde ambos puntos de vista en el último cuarto de siglo. Y algo similar aconteció con la estructura exportadora, que avanzó mucho desde mediados de los 60, pero retrocedió durante los auges petroleros del siglo actual.

¿Se han solucionado problemas estructurales? Se lo pregunto porque, por ejemplo, cuando se intenta adelantar una reforma tributaria estructural, siempre queda a mitad de camino...
El principal problema estructural es la altísima desigualdad social, una de las peores del mundo. En el terreno económico hay otras: el atraso en infraestructura de transporte, el bajísimo nivel de inversión en ciencia y tecnología, y la desindustrialización que hemos experimentado en las últimas décadas. En materia fiscal, sin duda no hemos sido capaces de hacer una reforma realmente estructural, por lo cual hemos terminado haciendo reformas tributarias con excesiva frecuencia.

¿Cómo ve el comportamiento del agro en las últimas décadas? ¿Ha evolucionado?
Desde la apertura no hemos logrado un crecimiento dinámico, salvo en años puntuales. Esto está asociado, a su vez, a que no hemos logrado diversificar la producción, con pocas excepciones: la palma africana en el sector agrícola y la producción avícola y porcícola en el pecuario. No hemos logrado, por ejemplo, desarrollar un sector exportador importante de frutas tropicales, con la excepción del banano. Los cambios institucionales del sector tampoco han logrado consolidarse, ni siquiera los que se hicieron en la segunda administración de Santos por recomendación de la Misión Rural.

¿Cuáles son las reformas que aún no se han hecho?
Sin duda, la ejecución de un plan ambicioso para las regiones más atrasadas, especialmente las que enfrentaron el conflicto armado. En el terreno económico, una reforma pensional que amplíe la cobertura y reduzca los excesivos beneficios de algunos sectores, incluyendo los del sector público (un tema que poco se discute todavía). Y está por verse si la Ley de financiamiento de 2018 permite una estabilidad tributaria o no.