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El cobro del impuesto comenzará el primero de enero de 2025.
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El cobro estará dirigido a los estratos cuatro, cinco y seis, así como a los sectores comercial e industrial, y se cobrará a través de la factura del servicio de energía
La Asamblea de Antioquia dio luz verde al Proyecto de Ordenanza Nº 59, que establece un impuesto a la seguridad y convivencia ciudadana. El objetivo de la medida es recaudar $1,09 billones entre 2025 y 2027 para financiar iniciativas de seguridad en el departamento.
El gobernador Andrés Julián Rendón, promotor de la propuesta, explicó que los recursos serán destinados a fortalecer la infraestructura de seguridad mediante inversiones en tecnología, equipamiento militar, infraestructura carcelaria y recuperación de espacios de convivencia. Sin embargo, la iniciativa generó división de opiniones entre autoridades locales y gremios económicos.
El nuevo impuesto estará dirigido a los estratos residenciales 4, 5 y 6, así como a los sectores comercial e industrial, y se cobrará a través de la factura del servicio de energía. Los hogares de estratos altos pagarán hasta $28.400 mensuales, mientras que los comercios aportarán el mismo monto. Las empresas industriales asumirán un máximo de $122.000 mensuales, según cálculos basados en tarifas de 2024.
El cálculo del impuesto dependerá del consumo de energía en kilovatios por hora (kWh). Para los usuarios residenciales, el valor será de $80 por kWh; para el comercio, $71; y para la industria, $61. Se establecieron topes de consumo para sectores no residenciales: 500.000 kWh para la industria y 70.000 kWh para el comercio y entidades oficiales.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que no permitirá que EPM realice el cobro a través de la factura de energía. Gutiérrez argumentó que no es adecuado incrementar las tarifas de los servicios y que la responsabilidad de la seguridad recae en el Gobierno.
Ante esta posición, el Gobernador aseguró que el recaudo se llevará a cabo con o sin la participación de EPM. Para ello, se empleará la empresa Valor Más como operador alternativo en las zonas donde la empresa pública no participe. Además, 29 comercializadoras de energía que operan en Antioquia se sumarán al proceso. “No vamos a emprender disputas legales con EPM. Liquidaremos la tasa directamente desde la Gobernación con los datos de consumo que nos reporten las comercializadoras”, señaló Rendón.
Las bancadas opositoras expresaron inquietudes sobre el impacto económico del impuesto en los sectores industrial y comercial. Nicolás Posada, presidente de Intergremial Antioquia, pidió una veeduría para garantizar la transparencia en el uso de los recursos. Aseguró que, aunque la seguridad es crucial, el impuesto podría ser una carga para sectores ya golpeados por la situación económica.
“No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas, así como al incremento de la tarifa de energía a través de la cuenta de servicios públicos”.
El cobro del impuesto comenzará el primero de enero de 2025 y finalizará el 31 de diciembre de 2027. La Secretaría de Hacienda de Antioquia será responsable de su supervisión y ejecución.
Los recursos recaudados se destinarán a cinco áreas clave: la modernización tecnológica, que incluye la instalación de cámaras de vigilancia conectadas a través de una red de 5.000 kilómetros de fibra óptica y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias 123; el equipamiento de las fuerzas de seguridad con vehículos blindados, motocicletas, drones y radios, así como el refuerzo de los patrullajes en las nueve subregiones del departamento; la construcción de un nuevo centro penitenciario; mejoras en bases militares y estaciones policiales, y la renovación de 5.000 placas polideportivas.
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