El dolor de cabeza de los habitantes de la Costa Caribe siempre ha sido el consumo de energía eléctrica y son muchas las causas que se combinan en un panorama desafortunado tanto para los consumidores como para las empresas comercializadoras de energía.
La Costa Caribe no es solo la región donde los recibos llegan con cifras exorbitantes, sino que es también uno de los rincones del país donde el consumo crece cada vez más. Según el más reciente reporte de XM, el Caribe fue la segunda región donde más aumentó el consumo de energía en 3,4% (cifras a julio), siendo antecedida únicamente por Guaviare, que es la de mayor crecimiento en la demanda de energía eléctrica en julio, con un aumento de 4,93%.
Las tarifas de energía en ciudades como Barranquilla y Cartagena han superado los $1.200 por kilovatio-hora, muy por encima de otras regiones del país. Este aumento se debe a varios factores, entre ellos, el alza del Índice de Precios al Productor (IPP) y a los costos asociados a la infraestructura y distribución de energía.
Mientras algunos acusan esta problemática a la falta de infraestructura e inversión energética y a la mala gestión de las empresas prestadoras del servicio; otros advierten que la cultura de no pago o robo de energía impiden entregar un servicio de calidad.
Más allá de que estas acusaciones quedan en un simple y pueril debate, el hecho es que no se ha logrado solucionar el problema de miles de familias en la región Caribe, que ven cómo sus facturas de servicios públicos se disparan, al tiempo que las empresas enfrentan mayores costos operativos y una disminución en su competitividad.
Es más que evidente decir que es crucial que se implementen políticas públicas efectivas que promuevan la inversión en infraestructura energética y mejoren la eficiencia en la distribución del servicio, y así debe ser, pero también es necesario fomentar la transparencia en la fijación de tarifas y garantizar que los consumidores tengan acceso a información clara y precisa sobre los costos de la energía.
Los primeros pasos ya se están dando. Desde agosto de este año, bajo el liderazgo del Gobierno Nacional, comenzaron a reunirse voluntades y esfuerzos para encontrar una solución que le aliviara el bolsillo a sus habitantes. Fueron varias las noticias que registramos sobre ese tema en nuestras páginas. La primera de ellas se dio la segunda semana de agosto cuando el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho; y la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, anunciaron la instalación de unas mesas técnicas con los jugadores del sector privado (empresas generadoras, comercializadoras y distribuidoras) y del sector público (gobernadores y alcaldes). Una de las cosas pactadas fue “la renegociación a la baja de los contratos de compra-venta de energía para zonas especiales y barrios subnormales”. También informamos a mediados de septiembre, un acuerdo entre el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el delegado de intervención de Air-e, Carlos Diago, de suspender la opción tarifaria en el recibo de energía lo que genera un descuento de entre 20% y 25%.
Esto apenas es un granito de arena de los muchos pactos que hay que hacer, pero por sobre todo de los que deben dar resultados en el recibo de los habitantes de la Costa Caribe.
