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De acuerdo con la Corte, Cerro Matoso ha incurrido en irregularidades durante 30 años de exploración y explotación minera y ha hecho caso omiso a las obligaciones ambientales
Luego de tres años de estudios, la Corte Constitucional falló en contra de Cerro Matoso por provocar daños irremediables al medio ambiente y a la salud de las personas que habitan en zona aledaña a su complejo minero en el departamento de Córdoba.
De acuerdo con la Corte, Cerro Matoso ha incurrido en irregularidades durante 30 años de exploración y explotación minera y ha hecho caso omiso a las obligaciones ambientales.
Según el fallo, la potencialidad de causar daños ambientales se advierte en el número de hornos que integran el complejo industrial, la cantidad de partículas que emiten al aire, así como el volumen de agua que es empleado.
Cerro Matoso es la cuarta mina a cielo abierto más grande del mundo y su masiva producción de níquel afecta la salud de las personas, el aire y los ecosistemas a su alrededor.
“La forma como son medidos y monitoreados los niveles de níquel y otros minerales ha sido objeto de críticas por los órganos de control. De conformidad con ciertas mediciones realizadas por la empresa Cerro Matoso en ocasiones se han superado los valores límites permitidos”, indicó la Corte. El fallo tiene 490 páginas y pide a la empresa “expedir una nueva licencia ambiental que se acoja a los estándares constitucionales vigentes”.
Además, la Corte pidió una reparación a los integrantes de las comunidades indígenas afectadas y determinó que la liquidación se debe realizar en seis meses.
Se trata de las comunidades Torno Rojo, Bocas de Uré, Puerto Colombia, Unión Matoso en Puerto Flecha, Guacarí, en la Odisea; Centro América y Puente Uré y al Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré.
Ministerio de Minas y Energía trabaja en decreto que diversificará proyectos de largo plazo.
Pesa 217 toneladas (vacío), mide ocho metros y tiene una capacidad de carga promedio de 310 toneladas
De estás nueve son de iniciativa popular; cinco son de los alcaldes; tres de concejales y cuatro de un solo ciudadano. Las restantes 33 las promueven colectivos encabezados, entre otros, por actores políticos locales y líderes ambientalistas, que se organizan en movimientos
