La coherencia en el actuar

La llegada de la pandemia del covid-19 demandó por parte del gobierno asumir medidas extremas ante la crisis sanitaria y económica.

Buscando salvar vidas y conservar empleos, se adoptó la figura del estado de emergencia económica y social, con el propósito de garantizar los recursos, equipos y la logística necesaria para afrontar esta situación.

Esto significó para la sociedad, restricciones en la movilidad y la operación de las empresas, convirtiéndose en un deber para los ciudadanos de acatarlas buscando el bien común.

El sector empresarial, en especial el segmento MiPyme, se constituye en un importante instrumento social y económico, que asumió el compromiso de preservar la estructura productiva y el talento humano vinculado a la misma.

Para ello ha recurrido a todas las estrategias posibles que contrarresten su vulnerabilidad frente a un contexto de alta incertidumbre.

Sin embargo, en lo recorrido del año 2021, con el compromiso colectivo de reactivar el esquema productivo y económico del país, los altos picos de contagio exigen nuevas restricciones a la movilidad.

Sumado a lo anterior emergen alteraciones al orden público que amenazan la débil recuperación, al afectar de manera directa el comportamiento de las ventas y la producción, incrementar el ausentismo laboral y generar pérdidas en infraestructura física por actos vandálicos que agudizan la crisis actual que se presenta en la micro, pequeña y mediana empresa, donde se concentra la clase media del país.

En el artículo 2 de la Constitución Colombiana, se adopta el Estado social de derecho, como garante de libertades, derechos y deberes para todos los habitantes del territorio.

Los últimos hechos nos invitan a reflexionar dentro de un contexto de pandemia, crisis económica e inconformidad social, sobre la coherencia en el uso de los derechos constitucionales a la protesta consagrado en el Artículo 37, el desarrollo de la libre empresa y la actuaciones públicas que garanticen la seguridad y la estabilidad de la sociedad.

Sin embargo, es necesario orientar esta reflexión bajo un enfoque de deberes, más que en los derechos.

En este sentido se requiere una lectura integral del país, que nos permita entender y actuar consecuente a la nueva realidad social: repensar la institucionalidad pública y privada, la eficiencia en el uso de los recursos, el acceso de la ciudadanía a los bienes públicos, la manera de comunicarnos entre los actores y llegar a una estructura social, que permita cerrar las brechas dejando en cada uno de los ciudadanos valores, capacidades, competencias y condiciones para llevar una vida digna con autonomía y sostenibilidad.

La coyuntura actual requiere de los actores un acompañamiento y respeto a la institucionalidad, actuar alineados a los deberes como ciudadanos, renunciar a los egos y al individualismo, recuperar tanto la confianza como la credibilidad y tomar decisiones coherentes que faciliten superar la pandemia, generar empleo, estabilizar las empresas, mejorar los indicadores económicos, que conlleven a retomar la senda de la equidad y la prosperidad.

Rosmery Quintero
Presidenta Acopi