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La participación accionaria dentro del GEA no es lo único que ha generado polémica, ahora inicia un nuevo capítulo de índole jurídico
Las jugadas de Jaime Gilinski para infiltrarse en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) no se han limitado a tener cada vez más poder y participación en el enroque que se ha consolidado por más de 50 años, sino que sus movidas también responden a encontrar la manera de adentrarse en sus órganos rectores. Y, ahora, pasan por el terreno legal.
En las últimas semanas inició un nuevo capítulo. Ahora los movimientos son jurídicos y, por lo tanto, se espera que el GEA y el Grupo Gilinski se encuentren en los tribunales.
Lo anterior, luego de que Grupo Sura no vendió su participación en la OPA que presentó la empresa árabe, International Holding Company (IHC), por hasta 31,25% de Nutresa. Ello, dado que el juez Rafael Antonio Matos Rodelo falló a favor de Sura con medidas cautelares que ordenaron desconocer la decisión de la Junta Directiva al vender en la oferta que culminó el pasado 18 de noviembre.
La Fiscalía recibió dos denuncias penales que apuntan a presuntas irregularidades en las demandas civiles que presentaron Sura y Argos cuestionando la legalidad de la decisión del órgano directivo. Las irregularidades estarían en el reparto, porque las dos demandas cayeron en el mismo juzgado; y en los autos admisorios y la adopción de medidas cautelares, que se habrían dado de manera casi simultánea y en tiempo récord.
Además de estas indagaciones, aún se debe esclarecer la legalidad de la decisión de la Junta Directiva al vender en la OPA, pues una de las partes argumenta que había quórum deliberatorio con tres miembros de la Junta, dado que dos estaban inhabilitados para decidir. Mientras la otra parte asegura lo contrario. La presencia de uno de los antiguos miembros del órgano directivo en la reunión, Santiago Cuartas, sería clave.
Diego Márquez, socio de MQA Abogados, explicó que ahora lo que va a pasar es que deben verificar “la validez, o no, del acta de la Junta Directiva. Esto lo decidiría la Superintendencia de Sociedades. Si el acta no es válida, libera tensión a los directores de Sura, pero si el acta es válida, la discusión entre Junta Directiva y directores se agudizará”.
También aseguró que, independientemente de la validez del documento, deben discutir si la totalidad de lo que dice el acta correspondió a la realidad.
“El acta puede ser válida pero contener información que no corresponda a la realidad. Por ejemplo, que realmente Santiago Cuartas no haya estado, pero que en el acta se diga que sí”.
También planteó un tercer escenario hipotético, “supongamos que la Supersociedades haya dicho que sí se podía tomar la decisión con solo tres miembros. Entonces sería válida la venta, pero se habría mentido sobre la presencia de Cuartas”.
Las diferencias jurídicas que se susciten a raíz de las decisiones de las juntas directivas del GEA en diferentes momentos representan contingencias alrededor de cuatro ámbitos, explicó Catherine Pereira, decana de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana. “Aquellos que quisieron vender a precios por acción más altos de los que se transan en la actualidad y no pudieron por el fracaso de una OPA específica; el costo y resultado de pleitos que se pueden extender durante varios años; el costo para la organización relacionado con los indicadores de rendimiento y con la estrategia de las empresas; y el costo que representa el contar con un menor grado de confianza en el gobierno corporativo”.
“Estas compras hostiles terminan inevitablemente en los estrados judiciales. La historia casi siempre se repite con estos episodios”, aseguró César Tamayo, decano de la facultad de Economía de Eafit.
Agregó que esto distrae a la administración y “para la muestra: en el último año Sura ha tenido que convocar al menos 11 Asambleas Extraordinarias y puede afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos”.
Por ahora queda claro que se aproxima una pelea jurídica. Esto lo confirmó Rodrigo Galarza, socio director de Galarza Abogados. “La presencia de un ex magistrado de la Corte como miembro de la Junta de Sura, elegido con el apoyo de los accionistas originales, augura una batalla jurídica compleja”. Este miembro es Jaime Arrubla, quien además es especialista en derecho privado y comercial.
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Tras la octava OPA por el GEA en un año, los analistas esperan que se sigan lanzando ofertas por esas empresas. “Es posible que sigan insistiendo con cualquiera de las compañías, ellos tienen claro el camino a seguir”, aseguró Édgar Jiménez, docente de la U. Jorge Tadeo Lozano. Por su parte, Diego Palencia, VP de investigación de Solidus Capital, aseguró que incluso las OPA desiertas cumplieron con un propósito: “romper el enroque accionario y causar cismas sin precedentes en el Gobierno corporativo”.
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