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Se deben tomar decisiones basadas en la prima de control y la proyección de la rentabilidad. Las cuatro AFP tienen participaciones
En una encrucijada se encuentran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tras el anuncio de Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el Grupo Nutresa. Esto, debido a que las cuatro AFP tienen participación a través de los fondos de pensiones que estas administran.
La que está bajo la lupa, por su papel determinante, es Protección, compañía que hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), que tiene 5,1% de participación en la compañía multilatina de alimentos.
Porvenir tiene una participación de 8,11% a través de los fondos moderados, de mayor riesgo y de cesantías. Colfondos cuenta con 1,92% de la empresa a través de su fondo moderado y Skandia con 0,93%, también con un fondo moderado.
En teoría, para el sistema tendría que prevalecer la rentabilidad y beneficio de sus afiliados y cotizantes, para lo cual va a ser determinante tener en cuenta variables como las expectativas de crecimiento de la compañía, sus resultados financieros y la prima de control, entre otros.
Para Jorge Llano, ex vicepresidente técnico de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos), “desde el punto de vista legal nada obliga a vender en este momento y debe prevalecer el beneficio a largo plazo. Aun así, si técnicamente se concluye que los fondos deberían vender y no lo hacen, esto reputacionalmente tendría un efecto negativo e indicaría que el gobierno corporativo no es tan fuerte en esos casos”.
Una de las claves acerca de las pocas limitaciones que tendrían estas entidades a la hora de tomar una decisión es la Ley 1870 de 2017, enfocada en fortalecer la regulación y supervisión de los conglomerados financieros.
En esta normativa se establece un mecanismo de intervención que, sin embargo, solo es aplicable cuando existe una mayoría accionaria o decisoria en la Junta Directiva de la sociedad o, incluso, cuando se ejerce influencia dominante en las decisiones de la empresa por un acuerdo entre acreedores. Este no sería el caso para dicha intervención.
Según cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) con corte a agosto, existen 17,62 millones de afiliados al sistema de jubilación privado. Dicha cantidad de trabajadores se encuentra repartidos especialmente en los fondos de mayor riesgo, vehículo de inversión en el cual se encuentran 13,67 millones de ciudadanos, siendo Porvenir, con 8,28 millones de personas y Protección, con 3,98 millones de colombianos, los que abarcar una gran parte del mercado.
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