GEA sufre dos golpes en procesos jurídicos desatados en torno a las OPA de Gilinski

Se abrió un nuevo capítulo en las OPA por Nutresa, con el foco puesto esta vez en la investigación de posibles casos de corrupción. La disputa por el Grupo Empresarial Antioqueño, tal como se había anticipado, pasó de la bolsa a los juzgados, y en menos de 24 horas se produjeron dos decisiones en contra de las posturas de este grupo.

La primera, tiene que ver con el llamado a evaluar la actuación del juez que sustentó la decisión de Gonzalo Pérez, presidente de Sura, de no seguir las órdenes de su junta directiva, de vender, frente a la OPA por Nutresa. Y la segunda, es frente al anuncio del Tribunal Superior de Bogotá de declarar infunda la recusación que le habían formulado a Nicolás Mora Alvarado, director de la Jurisdicción Societaria de la Superintendencia de Sociedades, quien, en su momento removió a miembros de la junta de Sura por conflicto de intereses.

En otras palabras, las decisiones dejarían en entredicho la sustentación de Pérez de no vender en la OPA por Nutresa, y, además, dejan sin piso las acusaciones realizadas frente a Mora.

El primer revés de la GEA se conoció el miércoles en la noche, cuando la Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a cinco funcionarios judiciales por posibles irregularidades en el reparto de las demandas civiles que presentaron el Grupo de Inversiones Suramericana y la Compañía de Cementos Argos S.A., en el proceso OPA para adquirir las acciones del Grupo Nutresa. La Fiscalía estableció que cuatro de los funcionarios citados a interrogatorio son Rafael Antonio Matos Rodelo, Juez 5 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín; los auxiliares administrativos Mateo Flórez Echeverry y Daniela Díaz Muñoz; y Carlos Andrés Álvarez Zuluaga, quien funge como profesional universitario.

Esto se produce luego de que en noviembre de 2022 se conociera la denuncia interpuesta por el abogado Andrés Garzón Roa, por las posibles irregularidades en la presentación de demandas por parte de Grupo de Inversiones Suramericana y Compañía de Cementos Argos, las cuales habrían favorecido al GEA en medio de las últimas OPA por Nutresa.

En la denuncia se mencionaba que las irregularidades se habían dado en el reparto y la imposición de medidas cautelares, en medio de dos demandas por ambas empresas mencionadas.

Esto, porque las demandas fueron presentadas el miércoles 16 de noviembre de 2022 y el reparto las asignó en tiempo récord al juzgado quinto Civil del Circuito de Medellín, lo que generó ciertas inquietudes en la Fiscalía y dio pie a la investigación. Además, en todo este revuelo, el juez Matos está en el ojo del huracán, pues fue quien sustentó la razón de que el presidente de Sura, Gonzalo Pérez, no vendiera en la OPA; por lo que su llamado a interrogatorio abre el cuestionamiento sobre posibles repercusiones frente a la mencionada decisión.

Ante esto, los expertos aseguran, sin embargo, que puede deberse a un movimiento común en este tipo de operaciones.

“Los temas legales estarán a la orden del día y las investigaciones administrativas y penales son parte de las compras hostiles. Estas compras nunca duermen”, asegura Diego Palencia, VP de investigación y estrategia de Solidus Capital Banca de Inversión.

El segundo revés se conoció por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró infundada la recusación de Grupo Nutresa contra José Nicolás Mora, director de la Jurisdicción Societaria de la Superintendencia de Sociedades, tras determinar que los supuestos establecidos del presunto interés del director y su esposa, no tenían elementos para ser comprobados.

En la recusación se solicitaba inhabilitar a Mora para decidir en la OPA de IHC por las acciones de la compañía, tras haber trabajado previamente con la firma de Gómez Pinzón Abogados entre octubre de 2013 y junio de 2020, y porque su esposa María Valentina Díaz Gómez, también había trabajado en la firma como asociada junior desde 2014 a 2019.

En el documento, además, se destaca que la firma Gómez Pinzón Abogados es asesora de IHC en la oferta pública de OPA, sociedad que tiene una estrecha relación comercial con Jgdb Holding y Nugil S.A.S., por lo que Nutresa consideró posible que Mora conociera información relacionada con las OPA.

La intención de recusar a Mora se dio tras haber inhabilitado a dos miembros de la junta directiva de Grupo Sura, quienes eran conocidos por ser los principales proveedores de empaques de Nutresa. Entonces, se discute si la decisión pudo ser tomada por un posible conflicto de intereses.

Estas dos decisiones jurídicas ocurridas en menos de 24 horas dejan en tela de juicio el accionar del presidente de Sura, tras no vender las acciones de Nutresa. Y favorecen, por ende, la intención de Grupo Gilinski, el jugador que viene pujando por el control de las empresas del GEA.

Sin embargo, expertos prevén que desde lo jurídico no pasaría a instancias mayores que repercutan en los resultados ya concretados de las OPA. “Desde lo estrictamente jurídico no pasa nada con la OPA, lo que está investigando la Fiscalía es si hubo algún tipo de ‘mano negra’ en los procedimientos, con el conocimiento que tuvo el juez sobre el caso de la demanda justo dos días antes de la OPA. Como la decidieron tan rápido, eso generó suspicacia” afirma Diego Márquez Arango, abogado y analista.

Otra firma de abogados también sonó en reparto de las demandas

En enero se había dado a conocer que los juristas Jaime Moya y Juan Sebastián Lombana habían salido de la firma Godoy Hoyos en diciembre de 2022, “por decisión mayoritaria de los socios”, sin embargo esto fue desmentido por los implicados. En su momento se indicó que los juristas eran investigados por el caso de reparto de las demandas, pero luego la firma aclaró por medio de un comunicado que sus abogados no habían sido despedidos ni estaban vinculados a ninguna actuación adelantada por la Fiscalía.