Nutresa denunció ante Fiscalía presuntas irregularidades en proceso de Supersociedades

El capítulo de la batalla judicial entre los Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño se sigue ampliando. Esta vez, el Grupo Nutresa anunció que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por "las presuntas irregularidades en el reparto y trámite" de la demanda que cursa en la Superintendencia de Sociedades e interpuesta por Jgbd Holding en contra de, entre otros, la compañía multilatina de alimentos.

Según explica el abogado, Diego Márquez, después de procesos de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA), pueden venir enfrentamientos jurídicos, y este nuevo movimiento entraría en esa parte del escenario en las que también se encuentran la tutela que Jgbd Holding presentó en noviembre de 2022 en contra de la Supersociedades, el Grupo Sura y la misma Nutresa.

Así como la tutela promovida por Grupo Nutresa contra la misma autoridad, en la Delegatura de Procedimientos Mercantiles en la que solicitó la protección de su derecho al debido proceso, que estima fue quebrantado al interior del proceso promovido por Jgdb Holding y Nugil.

Esta última fue negada por la Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que mantuvo las inhabilidades de los miembros de Junta de Sura.

Según explica el abogado, Diego Márquez, "la denuncia penal que hoy pone Nutresa es por algo que pasa en un proceso en la Supersociedades. Esa tutela podría tener algo que ver, pero la denuncia penal no es por la tutela, sino por el proceso mismo en la Supersociedades".

El mes pasado, se sumaron otros dos casos. Por un lado, el llamado a la evaluación del juez que sustentó la decisión de Gonzalo Pérez, presidente de Sura de vender en la OPA por Nutresa pese a las órdenes de su Junta Directiva y el anuncio del Tribunal Superior de Bogotá de declarar infunda la recusación que le habían formulado a Nicolás Mora Alvarado, director de la Jurisdicción Societaria de la Superintendencia de Sociedades, quien, en su momento removió a miembros de la junta de Sura por conflicto de intereses.

En su primer revés, apareció la citación a interrogatorio, por parte de la Fiscalía, a cinco funcionarios judiciales por posibles irregularidades en el reparto de las demandas civiles que presentaron Sura y Cementos argos en la OPA por Nutresa. Y, por el otro lado, estuvo la decisión del Tribunal de Bogotá frente a la recusación de Mora, pues se determinó que los supuestos establecidos del presunto interés del director y su esposa, no tenían elementos para ser comprobados.

En la recusación se solicitaba inhabilitar a Mora para decidir en la OPA de IHC por las acciones de la compañía, tras haber trabajado previamente con la firma de Gómez Pinzón Abogados entre octubre de 2013 y junio de 2020, y porque su esposa María Valentina Díaz Gómez, también había trabajado en la firma como asociada junior desde 2014 a 2019, con lo que se pretendía hacer entender que Mora pudo haber conocido información relacionada con las OPA dado que la firma de abogados es asesora de IHC en la oferta pública de OPA, sociedad que tiene una estrecha relación comercial con Jgdb Holding y Nugil.

La intención de recusar a Mora se dio tras haber inhabilitado a dos miembros de la junta directiva de Grupo Sura, quienes eran conocidos por ser los principales proveedores de empaques de Nutresa. Entonces, se discute si la decisión pudo ser tomada por un posible conflicto de intereses.

A comienzo de mes se supo, además, que los ejecutivos del GEA se habían reunido a inicios de febrero con con árabes de IHC Capital Holding, en "calidad de potenciales inversionistas", según replicaron las compañías en comunicados publicados en información relevante de la Superfinanciera.