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Cuando hablamos de los retos que tenemos como país, se puede lograr un consenso en muy poco tiempo, donde elementos como la erradicación de la pobreza, la disminución de los niveles de desigualdad y el aumento del crecimiento económico con seguridad estarán sobre la mesa. Asimismo, creo necesario que las diferentes políticas y reformas que se realicen deben contar con análisis técnicos que miren el potencial impacto en cada uno de estos aspectos para tener así siempre el horizonte al que queremos llegar.
A fin de analizar los retos en materia pensional quisiera hacerlo bajo estos tres objetivos; en materia de pobreza no hay muy buenas estadísticas a nivel individuo (la pobreza se construye con base en hogares), pero en recientes análisis que han tratado de estimar la pobreza en adultos mayores las cifras superan 40%, y esto está muy relacionado con la cobertura del sistema pensional donde según las últimas cifras de la GEIH, cerca de 25% de los adultos mayores cuenta con una pensión en Colombia. Mientras continuemos con los niveles de informalidad actuales, esta cobertura no cambiará radicalmente, puesto que la probabilidad de pensión en el sistema oscila entre 30% (para quienes cotizan en un fondo de pensiones) y 10% (para quienes cotizan en la administradora pública).
Ahora bien, la erradicación de la pobreza no necesariamente debe responder solo a la cobertura del régimen contributivo, y acá toman particular relevancia los programas de subsidios monetarios directos como Colombia Mayor, que hoy atiende a más de 1,5 millones de adultos mayores vulnerables, lo cual brinda una cobertura importante, pero lastimosamente con un subsidio promedio de $80.000, inferior a la línea de indigencia. Aumentar los recursos disponibles para este programa, así como la población beneficiada, debería ser la prioridad de cualquier política integral de protección a la vejez.
En cuanto a la desigualdad, existen unos elementos que creo son esenciales para un país próspero y sus ciudadanos verdaderamente libres.
Lo primero es que debe buscarse una mayor igualdad de oportunidades, lo que se logra con buen acceso a educación y salud de calidad, que pueden proveerse pública o privadamente. Lo segundo, es que en ningún caso luego de impuestos y transferencias públicas, la desigualdad de resultados debería aumentar.
Infortunadamente, este último principio se quebranta fuertemente con el sistema público de pensiones. Varios estudios (Cepal, Banco de la República, BID, Asofondos y el mismo Gobierno Nacional) han mostrado que el sistema público de pensiones es una transferencia del fisco hacía las personas de más altos ingresos, lo que hace que el Gini, luego de pensiones públicas, se deteriore. En otras palabras, somos un país más desigual gracias al sistema público de pensiones.
Y la desigualdad no solo se traduce en los subsidios de la gente de mayores ingresos que sí logra pensión; lo más grave es que buena parte de esos subsidios son financiados con los afiliados a Colpensiones de menores ingresos, quienes tienen una probabilidad bajísima de pensionarse ahí y a quienes al momento de llegar a la edad de pensión les devuelven solo sus aportes ajustados a inflación (una séptima parte de lo que podrían recibir en un fondo de pensiones privado). Así se configura uno de los pilares de la desigualdad en Colombia.
Por último, un sistema de pensiones bien diseñado puede ser fundamental para aumentar el crecimiento económico. Y esto es precisamente lo que se logra cuando se establece un sistema basado en el ahorro, pues permite canalizar recursos hacía inversiones rentables y de largo plazo. Este circulo virtuoso ya se ha estudiado en Colombia y se ha encontrado que cerca de 0,58 pp de crecimiento anual está explicado por las inversiones que se realizan desde los fondos de pensiones.
Estoy convencido de que tenemos las bases para contar con un sistema integral de la vejez que no otorgue subsidios a la población más rica, y que los focalice hacia los adultos mayores más vulnerables erradicando la pobreza de este grupo y, por último, que sea un pilar del crecimiento económico.
Debido a que el capital político se gastaría en la tributaria y la laboral; esta última buscando mejorar problemas de informalidad
A esta le siguió la de Skandia (9,24%), Porvenir (8,22%) y Protección (8,09%). Todos estuvieron por encima de la mínima (4,76%)
En noviembre se consiguió una rentabilidad real histórica de 7,88% para los 17 millones de afiliados de acuerdo con Asofondos