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Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, destacó la incertidumbre por los cambios regulatorios.
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El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, indicó que la exploración de minerales estratégicos es costosa y de alto riesgo
La industria minera, que entre 2016 y 2018 presentó uno de sus mayores auges, acercándose en el caso del carbón a las 100 millones de toneladas, está lejos de estar en sus mejores años y pese al potencial que tiene la Nación, no solo en este mineral, sino en otros necesarios para la transición energética, los empresarios son cautelosos frente a 2025, año que esperan siga siendo complejo y en el que buscan mantenerse en cifras cercanas a las de 2023 y 2024, en el rango de las 60 millones de toneladas.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ACM, explicó que el problema central está en la incertidumbre generada por cambios regulatorios y cargas fiscales desproporcionadas.
La industria del carbón ha enfrentado un contexto difícil, marcado por ataques regulatorios y desinformación en el debate público. Aunque en 2022 y 2023 se registró un incremento en las inversiones, este se debió principalmente al pago de impuestos relacionados con precios altos, derivados de la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas globales. No fue un aumento en inversiones que mejoren productividad o amplíen operaciones.
En 2024, con la estabilización de los precios internacionales, observamos una caída de 61% en la inversión hasta el tercer trimestre. Esta cifra refleja una preocupante realidad: la incertidumbre, generada por cambios regulatorios y cargas fiscales desproporcionadas, está frenando el potencial del sector. A pesar de esto, las empresas siguen operando con los más altos estándares, pero el impacto de estas decisiones limita su capacidad de crecimiento y los beneficios que podrían generar.
El carbón es fundamental para la economía colombiana. En 2023, la industria generó más de 50.000 empleos directos y 250.000 indirectos, realizó compras por $12,3 billones y aportó $13,2 billones en impuestos, regalías y cláusulas de precios altos. Esto se traduce en un impacto de 1,5% del PIB nacional y representa 57% y 44% de las economías de La Guajira y Cesar, respectivamente.
Estos aportes fortalecen las finanzas públicas e impulsan el desarrollo de las regiones productoras, jalonan la industria local y generan recursos esenciales para educación, salud e infraestructura en los municipios mineros.
La competitividad seguirá enfrentando grandes retos. En seguridad jurídica, la constante emisión de normativas contradictorias e indefinidas genera un entorno de alta incertidumbre para los inversionistas. En términos fiscales, somos el país con la peor competitividad fiscal entre los miembros de la Ocde, según Tax Foundation, con tarifas de renta elevadas, impuestos antitécnicos como el 4 por mil y un sistema tributario complejo.
En trámites, países como Canadá y Australia resuelven 60% y 68% de sus trámites mineros en menos de 10 meses, mientras que en Colombia algunos llevan 15 años sin resolución. A pesar de esto, contamos con una mano de obra altamente capacitada y barreras comerciales razonables, aspectos que nos posicionan favorablemente en ciertas áreas.
Sin duda. La exploración de minerales estratégicos es costosa y de alto riesgo, y requiere condiciones favorables para atraer inversión. La transición energética depende de una minería sólida, ya que los minerales como el cobre, el litio y el níquel son fundamentales para el desarrollo de tecnologías limpias, almacenamiento energético y construcción de infraestructura renovable. Sin una política clara y un entorno competitivo, perdemos la oportunidad de posicionarnos como un actor fundamental en la agenda global de sostenibilidad.
“La actividad minero-energética es una que tiene un impacto fundamental en las comunidades, pero la relación costo beneficio debe ser positiva”.
En 2024, el PIB del sector minero cayó 8% y las exportaciones disminuyeron 9%, según reportes del Dane. Este panorama refleja la sobrecarga fiscal, la regulación excesiva, el auge de la minería ilegal y los retrasos en permisos, lo que genera un entorno cada vez más hostil para las empresas legales. Sobre nuevos proyectos que pueden empezar en 2025, Nariño dijo: “No creemos que sea un año estratégico, por lo que no se iniciarán nuevos proyectos y la meta de la industria es tratar de mantener y contener”.
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