Apuesta de formalización que busca la reforma a la salud sube costo en $3,6 billones

Uno de los puntos más relevantes de la reforma a la salud es la intención de formalizar a la fuerza laboral en el sector. El articulado platea que “para garantizar el trabajo digno, seguro y decente a los trabajadores de la salud, abandonando la intermediación laboral y la vulneración de derechos, se ha analizado la contratación en las 928 Empresas Sociales del Estado existentes”.

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El articulado plantea que a partir de la Ley 100 de 1993 “la contratación y condiciones laborales de los trabajadores del sector se deterioraron”, por lo que la apuesta es la formalización. El costo total de contratación por prestación de servicios es de $5,61 billones y la formalización de este personal de la salud costaría $9 billones, por lo tanto, el costo fiscal neto para formalizar totalmente a la población trabajadora en salud sería de $3,3 billones, es decir, incrementa el gasto en nómina en 62%. (Ver gráfico)

Al ampliar los componentes del talento humano, se evidencia que 27% (47.243) de los trabajadores misionales y administrativos están formalizados, mientras que 73% (128.643) están vinculados por prestación de servicios. Y teniendo en cuenta que la formalización laboral es una de las apuestas del Gobierno Nacional, en el sector salud se trazaron presupuestos.

Para la vigencia de 2023, se consideran $2.267 millones para la formalización de los trabajadores de hospitales públicos, que están en el segundo y tercer nivel.

Según el Ministerio de Salud, en el primer nivel de atención está el personal como médico general, personal auxiliar, paramédico de otras profesiones no especializados. En el segundo nivel están los médicos generales y profesionales paramédicos con interconsulta, remisión y asesoría de personal o recursos especializados. Mientras que en el tercer y cuarto nivel están los médicos especialistas con participación de médico general y profesional paramédico.

El documento expone que para los Centros de Atención Primaria (CAP) se destinarán $1.078 millones para el pago de las prestaciones sociales de los colaboradores.

En la percepción de Juan Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, la apuesta permite que el sistema se transforme, crezca y mejore con funcionamiento descentralizado. “El factor de ajuste financiero para garantizar rentabilidad en los últimos 30 años ha sido el personal de salud, se ha reducido al máximo el salario y la forma de contratación, generando formas indignas de contratación”, afirma.

Para Guerrero, “implica más recursos económicos, pero indudablemente se avanza hacia la contratación digna”, resaltó.

Sin embargo, Jesús Albrey González, abogado experto en sector salud y gerente de González Páez Asociados, considera que “la reforma queda corta frente a esta inquietud, no hay un escenario claro de lo que va a pasar. Se habla de la formalización pero eso ya está establecido por la Corte Constitucional, que ha prohibido la tercerización. No aborda de forma profunda las necesidades”, indica.

Durante la transición, las EPS continuarán atendiendo a los usuarios afiliados
Las EPS que no estén en proceso de liquidación acordarán a partir del reglamento con el Gobierno Nacional para entregar a los afiliados al nuevo sistema de aseguramiento que, según se plantea, se haría de forma progresiva y ordenada. Mientras que las EPS que cumplan con los requisitos de habilitación cuando se expida la ley de la reforma, no deberán pausar la operación de afiliación y atención hasta entregar los afiliados a los Capirs. Para esto, el Gobierno planea establecer sistemas de financiación e interrelación.