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El Gobierno Nacional presentó el proyecto de reforma a la salud, que tiene un foco en el Adres y la territorialidad
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Académicos y expertos han abierto espacios de discusión en torno a los puntos más polémicos (y estructurales) de la reforma
Mucho se ha hablado sobre la reforma y sobre los posibles impactos que tendrán los cambios estructurales que propone el proyecto de ley 339 que, precisamente hoy, cumple ocho días desde su presentación en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño.
Académicos y expertos han abierto espacios de discusión en torno a los puntos más polémicos (y estructurales) de la reforma. Algunos, incluso, temen que el proyecto de ley haga entrar en una regresión al sistema de salud actual a como se conocía en la década de los 90.
Antes de la Ley 100, el sistema de salud se estructuraba por un esquema de seguridad social único, el sector público, y el sistema privado. El sistema de seguridad social se financiaba con los aportes de nómina de cada trabajador (7% para el Instituto de Seguridad Social (ISS) y 5% en el caso de las Cajas de Previsión Social) y con los aportes estatales. Para 1990, menos de 30% de la población colombiana tenía acceso a los servicios de salud.
Mauricio Santa María, director de Anif, en su artículo ‘Impacto del Sgsss después de más de una década de reforma’, dice que la estructuración de este sistema era problemática.
“Debido a la multiplicidad de funciones que se les asignaban a los Servicios Seccionales de Salud departamentales, el sistema era ineficiente, prestaba un servicio de baja calidad y era muy propenso a la corrupción”, se lee en el documento.
Sobre esto, el actual proyecto de ley 339, la reforma a la salud de Carolina Corcho, ha recibido ciertas apreciaciones de académicos y expertos sobre la similitud en algunos puntos. Señalan que, como se experimentó en el antiguo modelo estatizado de los 90, no hubo resultados exitosos.
El artículo 9 del proyecto de la reforma dice que “la rectoría del Sistema de Salud será ejercida por el Ministerio de Salud, quien a tal efecto ejercerá la dirección del Sistema de Salud”, por lo que en este modelo el sistema es direccionado por el Estado, con participación de entes en condición pública, privada o mixta. Paralelamente, la Ley 10 de 1990, que estructura el sistema previo a la Ley 100 de 1993, decreta en su primer artículo que “ la prestación de los servicios de salud, en todos los niveles, es un servicio público a cargo de la Nación”. Expertos señalan que en ambos casos se estatiza el sistema de salud.
“Lo de la atención del modelo territorial puede ralentizar la calidad, ya que como serán centros por oferta, pequeños, el riesgo de fallas es un poco alto”.
“Teníamos EPS que operaban en el país. Si las EPS se eliminan por los 3.000 CAP, ¿será suficiente la dirección de solo el Ministerio para esas instituciones?”.
Jesús Albrey González, abogado experto en temas jurídicos de salud, advierte que, si bien no es comparable el mismo escenario de hace más de dos décadas con respecto a las condiciones de gasto en salud (en 1993 era de 52,3% y en 2011 pasó a ser de 22% con la Ley 100 de 1993), la estatización del modelo fragmenta un rol clave en la atención que ejercen las EPS, entidades que, según dictamina el proyecto de ley, se eliminarán a largo plazo. “Teníamos 44 EPS que operaban en el país.Si esas 44 EPS se eliminan por los 3.000 CAP que quiere el Gobierno, ¿será suficiente la dirección de solo el Gobierno para esos 3.000 CAP cuando no pudo tener el control con las 44 EPS?”, explica.
Esto, relacionado con el mismo sistema de atención por oferta que se propone con los CAP territoriales y con el que se ejecutaba con el antiguo ISS.
Para Paul Rodríguez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, “nos estamos moviendo a un modelo de silos territoriales en donde se concentra la atención. Si bien tiene sentido hacerlo en las regiones donde hay poca oferta de aseguradores y prestadores de salud, en las zonas urbanas afectará la atención de los usuarios”.
“Según el proyecto, máximo 25.000 personas y para una ciudad grande son números pequeños. Eso va a ser bastante difícil de operar y de implementar. Hay muchos actores a nivel territorial y son claras las responsabilidades de cada actor”, concluye Rodríguez.
Otra de las similitudes es en cuanto al manejo de los recursos en un solo fondo público, que en este caso es la Adres. A pesar de su función de pagador, estos dineros se dirigen a distintos fondos territoriales, por lo que se advierten los altos riesgos de malversación en este modelo, dado que no es claro exactamente quién es el responsable cuando algo salga mal.
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