Por el sistema de salud

Soy uno más de los millones de ciudadanos de este país que sienten cada vez más cerca el momento histórico que tanto anhelamos.

Desde mi experticia como catedrático en universidades, asesor y consultor de temas de salud, representante de la sociedad civil que construyó las bases del proyecto de ley que ahora se tramita en el Congreso de la República, y ahora en calidad de Superintendente Nacional de Salud, no me caben dudas que nos merecemos un mejor sistema de salud. Y no el actual, que venimos padeciendo desde hace décadas. Ese sistema que permite que la mitad de los municipios de Colombia carezcan de un centro de atención, dejando así descubierta a la población.

Algunos olvidan, convenientemente, la realidad que nos muestran las cifras y los indicadores que presenta el actual sistema.

Una radiografía rápida evidencia que Colombia tiene los peores indicadores de mortalidad materna entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde); que en los últimos años ha alcanzado récords consecutivos en tutelas, desacatos, peticiones, quejas, reclamos y denuncias por las barreras de acceso o la deficiente prestación de los servicios de salud; y que hoy además arrastra deudas por más de 23 billones de pesos, que ponen en entredicho la viabilidad financiera de hospitales, clínicas y todo tipo de prestadores, profesionales y proveedores en general en gran parte de las regiones.

La reforma presentada para el debate congresional se construyó sobre la base de la garantía del derecho a la salud, la dignificación del acceso y la prestación con calidad de los servicios y con absoluto respeto por nuestra Constitución Nacional, manteniendo el ideario inspiracional y aspiracional de la carta magna del 91.

En siete meses al frente de la Superintendencia he visitado por lo menos 13 departamentos, y he participado en al menos ocho audiencias públicas que se han realizado en los territorios, con asistencia de representantes de la sociedad civil y de centenares de ciudadanos que claman un cambio estructural al sistema de salud que les toca padecer.

Desde la señora cuidadora en Medellín hasta el campesino nariñense, pasando por pacientes desprotegidos en todo el país, han relatado circunstancias adversas cuando acuden a unas entidades que deben proporcionarles y garantizarles los servicios de salud, la entrega de medicamentos o la autorización de tratamientos o procedimientos quirúrgicos que les resultan vitales.

Casi todos estos pacientes desconocen que sus dificultades de atención no tienen origen en causas presupuestales, pues las entidades administradoras reciben cumplidamente los recursos con los que deberían garantizar prevención al sano y atención al enfermo. Este sistema permite hoy que se destinen más de 7 billones de pesos anuales para las administradoras de recursos por manejar la plata del sistema.

He encontrado también que había una Superintendencia complaciente con los infractores e indiferente con los afectados, con prácticas non sanctas que desde los entes de control disciplinario, fiscal y penal se están investigando.

La reforma que se presentó dotará a la Supersalud con verdaderos dientes de hueso, porque los actuales son de leche y no hacen mella en los infractores.

Colombia necesita una Superintendencia capaz de ejercer un control sancionatorio y correctivo que garantice protección de manera rápida al ciudadano que está afectado, pero también que genere una actuación sancionatoria ejemplar para que el que tiene la obligación de garantizar protección y vida efectivamente lo cumpla.

Se han pedido facultades para el levantamiento del velo corporativo a las entidades cuyos dueños se fugaron con los recursos públicos de la salud y dejaron unos cascarones que después no pudieron pagar las obligaciones a clínicas privadas y hospitales públicos, poniéndolos en una posición prácticamente inviable.

Por todo lo anterior, y muchos argumentos más, es que seguiremos trabajando para que el respeto y la dignidad del derecho a la salud se vuelvan costumbre. Y se honre el derecho fundamental de los colombianos, se protejan los recursos públicos que deben garantizar el goce efectivo de ese derecho.