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Luis Carlos Reyes, director de la Dian, afirmó que la reforma se alinea con la Constitución de 1991 y cumple con ella en la medida en que será debatida en el Congreso de la República
Aunque no se ha hecho un análisis profundo de la reforma tributaria, las calificadoras dicen que por el momento es neutral
El presidente Gustavo Petro presentó la semana pasada al Congreso de la República su primer gran proyecto que marcará el rumbo del Gobierno para los próximos cuatro años. La reforma tributaria fue radicada e inmediatamente suscitó muchas opiniones a favor y en contra de los que serán los más afectados por los nuevos impuestos que piensa cobrar la nueva administración.
Uno de los conceptos que más se está esperando a profundidad es el de las calificadoras de riesgo, que ya venían dando sus opiniones frente a lo que anunciaba Gustavo Petro en la campaña presidencial.
“Petro hizo campaña con una plataforma de aumento de los gastos sociales, lo cual, él ha dicho, será financiado a través de mayor recaudación. Esto es positivo porque indica que será fiscalmente prudente, pero todavía hay muchos signos de interrogación e incertidumbres allí”, asegura Richard Francis, codirector de las calificaciones soberanas de las Américas en Fitch Ratings.
Sobre la economía colombiana Francis, dice que se espera que el crecimiento supere la tasa de 6% este año, pero que se desacelere notablemente el próximo año o hasta 2024 con un crecimiento de solo 2,4%. “Creemos que la inflación será alta y estará alrededor de los dos dígitos durante la segunda mitad de este año y el próximo”, dice el analista de Fitch.
“Vamos a tener que esperar y ver cuál es la idea del Gobierno en términos de su tipo de programa fiscal a mediano plazo, y si en efecto van a poder aumentar los gastos sociales. Por otro lado, también han subido las tasas de interés, por lo que su servicio de la deuda ha aumentado, lo que es una carga adicional a la administración entrante, agrega Francis, al explicar que Petro dio señales de aumentar el gasto fiscal en meses anteriores.
Sobre la calificación crediticia de Colombia, Francis dice que dependerá de si el nuevo Gobierno es capaz de cumplir con la regla fiscal.
“La calificación BB+ y la perspectiva estable reflejan el historial de Colombia de estabilidad macroeconómica y del sistema financiero respaldado por un banco central independiente con metas de inflación de libre flotación. Por otro lado, están restringidas por los grandes déficits fiscales que han resultado en un aumento relativamente mayor en la carga de la deuda”, explica el analista.
“Creo que para mejorar la perspectiva se debe observar el cumplimiento de las proyecciones económicas, lo cual mejoraría la credibilidad de la política ética y, al mismo tiempo, lograría una consolidación fiscal que sería consistente con una proporción de deuda al PIB en constante disminución. Es probable que la gobernanza mejorada también ayude, siendo un indicativo de una mejor cohesión social”, agrega Francis.
Fitch Ratings recortó el año pasado la calificación de Colombia y la dejó en BB+. Este año mantuvo la nota con perspectiva estable, pese a la incertidumbre electoral.
Antes de conocerse el articulado de la reforma tributaria presentada por el Ministerio de Hacienda, a la calificadora le preocupaba la ambiciosa meta que manejaba de $50 billones, aunque el nuevo Gobierno recortó el objetivo a $25,88 billones para 2023.
“Hemos tenido cuidado de tener en cuenta la economía política actual de Colombia; es decir, cómo estas políticas económicas que estamos planteando se relacionan con la situación política en la cual estamos y, además, hacia la cual queremos encaminarnos. Y esa economía política del momento es una en la que definitivamente la progresividad está en el centro de las preocupaciones del electorado”, dijo Luis Carlos Reyes, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en un conversatorio de la Universidad de los Andes.
“Es una reforma ambiciosa, pero inicialmente se pensaba que lo iba a ser mucho más. Esta reforma busca recaudar $25,9 billones, mientras que originalmente se especulaba que intentaría recaudar entre $50 y $70 billones. Este es tal vez uno de los primeros puntos clave donde el presidente Petro cede a sus pretensiones. No obstante, sigue siendo una iniciativa que busca mejorar las finanzas, dice Silvana Amaya, analista senior de Control Risks.
Otra de las calificadoras que tiene la lupa puesta en la reforma tributaria presentada por el gobierno es Moody’s. Según Renzo Merino, analista de riesgo soberano para Colombia, en declaraciones recogidas por el diario español El País, la propuesta es “neutral” para la categorización del país, por el momento. “Lo que nosotros queremos ver y entender es cuánto de estos proyectos de gasto se van a financiar por esta reforma y cuánto sería el monto restante para poder apoyar el proceso de consolidación fiscal”, asegura Merino.
Agrega que “a la expectativa de que se presente el presupuesto de 2023 y tengamos una mejor idea de cómo se van a ver los gastos hacia el próximo año, esperamos que la reforma, por lo menos, apoye la estabilidad de los números de deuda del Gobierno en los próximos años, un factor que apoya la calificación”.
En contraste, Moody’s es la única calificadora que mantiene a Colombia con grado de inversión, pese al enorme gasto social que tuvo el país por cuenta de la pandemia.
Merino había manifestado antes de la posesión de Petro que la clave para el nuevo Presidente será mantener la confianza. “La inversión jugará un papel muy importante para tener un nivel de crecimiento más cercano a 3,5% o 4% en el mediano plazo y eso será por la confianza”, decía el analista de Moody’s en julio.
“Si no hay confianza para que los inversionistas sigan trayendo capital al país, ya sean domésticos o externos, estas condiciones no se podrían dar y si hay un crecimiento menor a 3%, por ejemplo, podríamos ver ciertas complicaciones fiscales”, agregó.
Otra calificadora de riesgo, que pertenece a las tres más importantes es Standard & Poor’s. Esta proyecta que los déficit del Gobierno se mantendrán moderadamente altos durante los próximos años, aunque reconoce que se pudo estabilizar las finanzas públicas pese al deterioro causado por la pandemia y la recesión económica.
“Petro encuentra un entorno económico enrarecido por los elementos mencionados, en el cual se destaca la creciente inflación que ha llevado a un aumento considerable de la tasa de intervención del banco central. Si bien el costo de vida es más alto, particularmente para los hogares de ingresos medios y bajos por el aumento de los precios de los alimentos y de la energía, a la fecha consideramos que existe un entorno positivo para el crecimiento de la economía colombiana”, dice S&P en un análisis.
Por ahora, los expertos del mercado especulan sobre cómo terminará la reforma y qué tanto cambiará el articulado actual con el que salga luego de los debates en el Congreso que, se prevé, serán muy peleados. “Anticipamos que el documento radicado no será igual que la reforma aprobada por el Congreso. Este será el primer gran pulso político entre el ejecutivo y el legislativo que traerá cambios en algunas áreas importantes que pretende cambiar el sistema impositivo en Colombia”, proyecta la analista de Control Risk, Silvana Amaya.
Para ella, esta propuesta del Gobierno que se radicó la semana pasada puede ser positiva para las calificadoras de riesgo, aunque se debe conocer también el plan del presupuesto que planea Petro.
“Las calificadoras de riesgo ven con muy buenos ojos esta reforma y consideran que este es un paso en la dirección correcta; sin embargo, aún es necesario entender cuánto planea gastar el gobierno para poder evaluar qué tan saludable va a ser la política fiscal. Además, las firmas especializadas consideran que esta reforma tributaria por sí sola no será suficiente para recuperar el grado de inversión, que el país perdió el año pasado, pues aún no es suficiente para garantizar la solidez del sistema fiscal colombiano”, concluye Amaya.
Reforma tributaria tendría mensaje de urgencia
El proyecto de ley, que busca recaudar cerca de $25,9 billones durante su primer año, ya se empezó a mover en el Congreso. Aunque el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que no tendría mensaje de urgencia para agilizar su aprobación, la presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, donde arrancará el debate, desmintió al funcionario y dijo que sí tramitará con mensaje de urgencia. Con este tratamiento, las discusiones podrían darse más rápido, ya que las comisiones económicas serían conjuntas y las plenarias se harían de forma simultánea, lo que reducirá la cantidad de debates.
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El ministro de hacienda aclaró en una entrevista para Blu Radio que si es necesario entrar en diálogo y corregir ciertos errores lo hace.
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