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Luis Carlos Reyes, director de la Dian, afirmó que la reforma se alinea con la Constitución de 1991 y cumple con ella en la medida en que será debatida en el Congreso de la República
Si se derogan algunos de los artículos de la ‘ley del libro’, la contribución del sector sería mayor y podría afectar su rentabilidad
Desde 1993, cuando la Ley 98 o ‘Ley del Libro’ salió a la luz, se convirtió en uno de los principales impulsores de la industria con objetivos como “convertir a Colombia en un gran centro editorial” o “estimular la producción intelectual de los escritores colombianos” (Artículo 1.).
Para lograrlo se habilitaron beneficios tributarios como eximir el pago de impuestos de renta por concepto de derecho de autor, dar una tarifa reducida de 9% a las editoriales y deducir de la renta bruta la inversión destinada a la apertura o ampliación de nuevas librerías.
Sin embargo, la permanencia de estas medidas durante el nuevo Gobierno estaría en veremos si se aplica la reforma tributaria planteada por el MinHacienda, pues pretende derogarlas.
Emilio Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro (CCL) explica que los ingresos que se obtendrían de eliminar estos artículos no serían tan significativos y sí tendrían consecuencias.
“La exención a los derechos de autor es un incentivo para que surjan más libros, y si bien hay algunos autores que venden mucho, no son la mayoría. La tasa especial de editoriales que pasaría a 35% (está en 9% actualmente) afectaría principalmente a las pequeñas y medianas librerías. Habrá muchas que tengan que cerrar porque no podrán pagar”, dice Aristizábal.
Al respecto, Camilo Perdomo, socio líder de Perdomo Tax&Legal, destaca que lo ideal, en estos casos, sería plantear unos rangos de ingresos a partir de los cuales se empiecen a gravar las rentas.
“No es lo mismo una persona que recibe $100 millones a una que recibe $20.000 millones, lo más afortunado para seguir protegiendo el sector es que se distinga en rangos de UVT según los ingresos”, dijo Perdomo.
Cifras de la CCL muestran que de los 20.365 libros registrados en Isbn casi 3.000 serían autopublicados y en el tejido librero habría unas 110 independientes que, a diferencia de marcas de cadena, tienen flujos de venta mucho más bajos.
“El incentivo para los inversionistas en nuevas librerías es muy importante, porque bien se sabe que la librería no es de alta rentabilidad, así que el estímulo sí apoya el mantener este tipo de negocio que es un gran activo cultural”, comenta Yolanda Auza, propietaria de Wilborada 1047, quien también indica que quitar las exenciones podría aumentar de manera directa los costos en la cadena.
Si se aplica entonces la tributaria , las editoriales tendrían que contribuir más, lo que afectaría también a los autores con costos que no tenían previstos y que podrían verse reflejados en el precio final de los libros, que, en el último año se ha incrementado en más de 20%. En parte por la crisis del papel y los sobrecostos a nivel mundial.
“Con este panorama la piratería podría tener un nuevo aire, porque no tienen que pagar derecho de autor, no necesitan librerías y pueden sacarlo a menores precios. Lo que se está pidiendo en este momento es que la Ley del Libro mantenga así como está, ha sido una política de Estado que ha dado resultados”, concluyó el líder de la Cámara del Libro.
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