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Luis Carlos Reyes, director de la Dian, afirmó que la reforma se alinea con la Constitución de 1991 y cumple con ella en la medida en que será debatida en el Congreso de la República
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Uno de los cambios más importantes de la nueva propuesta es la base gravable en materia de acciones o cuotas de interés social
Uno de los puntos a tener en cuenta en la reforma tributaria que desde ayer radicó el nuevo Gobierno de Gustavo Petro es el impuesto al patrimonio, el cual se establecería de forma permanente y según un esquema de tarifas marginales.
De este impuesto se excluyen las personas jurídicas, en tanto que este grava a las personas naturales y sucesiones ilíquidas que tengan un patrimonio líquido superior a $2.736 millones (valores año 2022) con una tarifa progresiva desde 0,5% hasta los $4.636 millones y de 1% a los patrimonios que superen este valor.
“De esta forma no quedan gravados los patrimonios superiores a $1.000 o $2.000 millones como se había anunciado por el Gobierno en los medios de comunicación”, resaltó la socia fundadora del bufete Jiménez, Higuita y Rodríguez, Bibiana Buitrago.
De acuerdo a la experta, uno de los cambios más importantes es la base gravable en materia de acciones o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que, según se trate de fracciones que coticen o no en la Bolsa de Valores, deberán tomarse a valor comercial.
De esta forma, si son especies que no cotizan en la bolsa, será el valor intrínseco, y si lo hacen, será el valor de cotización al último día del cierre del mercado del día hábil inmediatamente anterior a la fecha de causación del impuesto.
“Pese a que la base podría incrementarse al prever unas disminuciones al momento de aplicarse la tarifa, el impuesto puede resultar menor que el incorporado anteriormente vigente para el año 2020”, explicó Buitrago.
Esta nueva propuesta de impuesto para patrimonio no líquido sería complementaria al de renta y, contrario a lo que se conocía, este gravamen se aplicará a los patrimonios que superen los $2.736 millones.
Según el Gobierno Nacional, “la reforma se justifica en la alta desigualdad del país y las brechas sociales, la cual aumenta la vulnerabilidad económica y se constituye como en pérdida de oportunidades, reducciones de la movilidad social y en desigualdades políticas”.
Aunque, tal y como advierte la directora de la firma Seguimiento & Estrategia, Diana Medina Casas, esta nueva reforma pone al Congreso de la República bajo un trámite de proyecto ordinario, que necesita cuatro debates para su aprobación y posterior sanción.
“El Gobierno busca que se apruebe en este periodo legislativo, el cual culmina en diciembre de 2022. Para ello, se tramitará con mensaje de urgencia, permitiendo que dos de los cuatro debates se realicen de manera simultánea en las comisiones económicas”, indicó Medina.
Además, la experta aseguró que la gobernabilidad del presidente Petro permite que su administración cuente con los grupos necesarios para la votación del articulado.
“Ciertos sectores como los productivos y económicos, los cuales se verán impactados con esta reforma, son quienes actualmente tributan y generan empleo en el país. Las mesas directivas de las comisiones económicas han quedado con el liderazgo de personalidades cercanas al Gobierno, lo que garantiza el trámite”, concluyó.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que uno de los cambios más significativos en la reforma radicaba en cómo se iba a valorar el patrimonio de las empresas
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