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Un análisis de Bloomberg habla de los efectos de esa propuesta en la tributaria que volvería dividendos en recursos ordinarios
Cuando el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer un plan para imponer un impuesto sobre el patrimonio a los ricos apenas unas horas después de haber prestado juramento, las campanas de alarma solo sonaron muy fuerte en los barrios de moda de Bogotá y Medellín.
Este tipo de impuesto no es nada nuevo. El país ha tenido uno, intermitentemente, durante décadas. Y, además, a primera vista, este se parecía muchísimo a los anteriores: una tasa impositiva del 0,5% sobre los activos con un valor superior a los US$600.000, la que aumentaría al 1% sobre los activos avaluados en más de US$1,1 millones.
Pero una revisión más detallada revela una diferencia crítica que hace que este impuesto sea notablemente más potente, tanto que podría —junto con otra propuesta de Petro en desarrollo— aumentar los impuestos a los más ricos en aproximadamente 200%. El proyecto de ley obligaría a los ricos a declarar sus activos al valor actual, a diferencia de la reforma anterior, que les permitía declarar los activos a su precio de compra original.
Si el Congreso lo aprueba como tal como está, marcaría una importante victoria legislativa temprana para Petro, el tipo de trofeo que demostraría que se toma en serio la reducción de la brecha entre ricos y pobres en una de las sociedades más desiguales de América Latina. Petro se ha jactado de que Thomas Piketty, el economista francés conocido por impulsar los impuestos sobre el patrimonio como un medio para reducir la desigualdad, es uno de sus asesores. Sin embargo, la aprobación del proyecto de ley también provocaría una carrera entre los ricos para sacar dinero del país en un intento por ocultarlo de las autoridades.
“La gente se va a mover extremadamente rápido”, dijo Juan Ricardo Ortega, exdirector de la agencia tributaria de Colombia. “Solo van a atrapar a los colombianos como yo, que no tenemos dinero suficiente para ir a ningún lado”.
El proyecto de ley considera que el impuesto se aplique a los activos —como acciones, bonos y bienes inmuebles— que se posean el último día del año. Ortega dijo que el vecino Panamá, un país utilizado durante mucho tiempo por las élites mundiales como paraíso fiscal, es un destino probable para gran parte de la riqueza.
Fortunas mayores
Tanto Ortega como Lucas Solano, un planificador de gestión patrimonial que se especializa en legislación fiscal en Credicorp Capital, llegaron a la estimación de que el aumento alcanzaría aproximadamente 200%.
El proyecto de ley de impuestos podría, por supuesto, diluirse —o acrecentarse— en el Congreso. Pero Petro, un exguerrillero de 62 años, forjó una coalición de Gobierno mediante alianzas con importantes grupos de legisladores, incluido el poderoso Partido Liberal, que le facilitarán la aprobación de leyes.
El dinero recaudado de la ley de impuestos, equivalente a 1,7 puntos porcentuales del producto interno bruto en total, ayudaría a su Gobierno a financiar las promesas de impulsar el gasto social y, al mismo tiempo, reducir el déficit presupuestario, una clave para calmar a los nerviosos inversionistas en bonos del país.
10.000 personas
El antiguo impuesto sobre el patrimonio entró en vigor por primera vez a principios de siglo. El problema con esto, dice Ortega, fue que permitir que las personas valoraran sus activos al precio de compra subestimó en gran medida su riqueza y, como resultado, los impuestos que pagaban.
Para 2017, por ejemplo, la mayor fortuna declarada a la agencia tributaria colombiana era de alrededor de US$1.500 millones, según una investigación de los economistas Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia.
El nombre de esa persona no fue revelado, pero hay colombianos que tienen fortunas mucho más grandes que esa. Como Luis Carlos Sarmiento Angulo, la persona más rica del país, cuyos activos estaban avaluados en US$12.500 millones a finales de ese año, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.
Unos 10.000 colombianos estarían sujetos al nuevo impuesto, según Espitia, quien trabaja en la contraloría nacional. Eso es equivalente a alrededor del 0,02% de la población.
El proyecto de ley de Petro también incluye un aumento en los impuestos a pagar sobre los dividendos, cuadruplicando efectivamente al 39% la tasa para aquellos en el tramo de ingresos más altos, así como un impuesto sobre las ganancias inesperadas para las compañías petroleras y mineras, y gravámenes sobre las bebidas azucaradas y los alimentos procesados. La semana pasada, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que el Gobierno puede estar preparado para discutir cambios a la propuesta de dividendos.
En una señal de la alarma que la legislación ha causado entre los gestores de patrimonio, el conglomerado financiero Grupo de Inversiones Suramericana advirtió la semana pasada que los aumentos de impuestos acelerarían la caída de una década en el mercado de valores de la nación.
“Estamos con un riesgo importante”, dijo Ricardo Jaramillo, vicepresidente de desarrollo de negocios y finanzas de Sura, en una entrevista, “de que prácticamente se desaparezca el mercado de renta variable”.
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