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Luis Carlos Reyes, director de la Dian, afirmó que la reforma se alinea con la Constitución de 1991 y cumple con ella en la medida en que será debatida en el Congreso de la República
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Esto, sin olvidar que las reformas constantes ponen en riesgo la estabilidad jurídica y la tributaria, prerrequisito de los grandes inversionistas
La propuesta para las zonas francas de cumplir con un plan de internacionalización y una cuota de exportación para mantener su tarifa de renta preferencial podría generar varios inconvenientes, según Tomas Barreto, experto tributarista.
Entre los más sobresalientes, según Barreto, podrían estar posibles demandas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), además de considerar que es un "plazo impracticable dadas las limitadas condiciones de exportación con que cuenta el país".
“Las zonas francas se concibieron como un mecanismo de atracción de nuevas inversiones, generación de empleo, ser polos de desarrollo, de promover las economías de escala. El compromiso de Colombia ante la OMC es que no se pueden crear incentivos de exportaciones, a cambio de recibir un beneficio en materia de impuestos directos. Si se aprueba la reforma tal y como está, en el mediano plazo Colombia podría estar en los estrados de la OMC y la Corte Constitucional, demandada por incumplir esos compromisos”, explicó el experto.
Adicional a esto, Barreto aseguró que el país compite con pares que tienen tarifas diferenciales de renta que van desde 0%, por lo que aumentar este impuesto en el país provocaría una pérdida de competitividad. Lo anterior, sin olvidar que las reformas constantes ponen en riesgo la estabilidad jurídica y la tributaria, prerrequisito de los grandes inversionistas.
Actualmente, las zonas francas están presentes en 65% de los departamentos del país, generan más de 147.000 empleos, y 90% de las empresas allí son MiPymes y para 2021 registraron una inversión de cerca de $45 billones.
Ante esto, Barreto calificó como esencial que el plan de internacionalización pueda tener un tiempo prudente para su reglamentación e implementación de al menos tres años. Con este plazo, dijo, "se podría fortalecer la industrialización del país que ha pregonado el presidente de la República y las compañías también podrán reestructurarse para lograr las metas".
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