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El Gobierno radicó una nueva reforma tributaria con la que busca generar $12 billones para complear el Presupuesto General de la Nación
Hidrocarburos y banca, los que más pagarán con la nueva tributaria
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La propuesta fiscal incluye la reducción paulatina del impuesto de renta corporativo, pero este no aplica para todos lo sectores
Una de las principales propuestas de la ley de financiamiento que radicó el Gobierno Nacional es la reducción progresiva de la renta corporativa desde el actual 35% hasta 27%, en el caso de las Mipyme.
Sin embargo, esta medida, sobre el papel, no cubriría a los minero energéticos ni la banca, sectores que además tendrán una sobretasa adicional a su contribución, que ya se venían contemplando desde la reforma tributaria de 2022, la primera del Gobierno de Gustavo Petro.
“Se continua con la práctica de gravar al sector financiero y asegurador, entre otros sectores que seguirán pagando cinco puntos adicionales hasta 2027”, apuntó Carlos Giovanni Rodríguez, socio de Esguerra JHR.
El sector extractivista es el rubro más evidente. “Es necesario mantener y, eventualmente, profundizar la sobretasa a los sectores extractivos de minas e hidrocarburos, dada la urgencia de la transición energética hacia una matriz de producción descarbonizada”, comentó el Ministerio de Hacienda, en la exposición de motivos del texto fiscal.
Además de sostener el gravamen en 35%, para el sector carbonífero se propone igualar la tabla de sobretasas del sector petrolero, que se había reglamentado en la primera reforma tributaria de este Gobierno.
“Estos sectores siguen teniendo las tarifas más altas. Se siguen castigando con cifras diferenciales, sin contar, que se están eliminando tarifas que el Gobierno tendrá que respetar en acuerdos de estabilidad”.
“Esto en consideración de las externalidades negativas que genera la actividad y de la agenda de descarbonización que este Gobierno promueve activamente”, estableció el texto.
Esta tabla contempla recursos adiciones entre 0% y 15%, según los incrementos que pueda tener el precio promedio de la materia prima en el año gravable respectivo.
Para el caso del sector financiero, el apartado se encuentra propiamente en el articulado de la norma. Esta propuesta fiscal del Gobierno mantiene el parágrafo en el que le cobra cinco puntos adicionales a la tarifa de renta de las instituciones financieras, las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, entre otros, del sistema financiero y bursátil local. Esta tarifa adicional aplicará para los periodos gravables 2024, 2025, 2026 y 2027.
“Estos sectores siguen teniendo las tarifas más altas. Se siguen castigando con cifras diferenciales, sin contar, que se están eliminando tarifas que el Gobierno tendrá que respetar en acuerdos de estabilidad previamente firmados”, aseguró Juan David Velasco, socio tributario de Baker McKenzie.
El analista también aseguró que el proyecto tiene una segunda arista para analizarse y se apreciaría con la eliminación del régimen simple.
“El periodo de transición de un año afectaría mucho la formalización del incentivo para que mucha gente que antes no estaba en la economía, en la economía formal, vuelva a estar en la informal. Sin duda alguna, las tarifas de renta, por más de que se propone una tarifa progresiva que disminuye en el tiempo, eso va a ser un efecto muy marginal en la medida en que hay muchas empresas grandes que seguirán tributando la tasa efectiva máxima”, apuntó el experto tributario.
El experto enfatizó en que el sector hotelero puede verse perjudicado. “No creo que a corto o mediano plazo se logre lo que busca el gobierno”, dijo.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró en un reciente Inside LR que el objetivo de esta nueva propuesta fiscal no está en “crear nuevos impuestos” sino en “buscar fisuras” dentro del estatuto tributario vigente que permita hacer los ajustes requeridos.
Además, en la conversación, Bonilla se mostró a favor de una reforma tributaria integral, como lo recomendó la Ocde. “Hay que ir poco a poco”, dijo.
También aseguró que dicha sugerencia del grupo de buenas prácticas está basada en que la estructura tributaria del país está mal diseñada desde hace 60 o 70 años. Vale recordar que el nuevo texto fiscal busca $11,8 billones.
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