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En total, se han puesto 27 querellas: cuatro de ellas se han archivado, dos rechazado y tres inadmitido
Las metas que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo públicas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo podrían alterarse de llegar a prosperar alguna de las 18 demandas que existen en curso en la Corte Constitucional contra la Ley de Financiamiento que se aprobó en diciembre pasado para tapar un hueco de alrededor de $7 billones de $14 billones que eran necesarios para no reducir el gasto social-
La cartera económica proyecta que esa Ley, la 1943 de 2018, será uno de los ejes principales para que la economía crezca 4% en el mediano plazo. No solo se prevé que su efecto incrementará el recaudo tributario al pasar de 0,1% del PIB en 2019, a 0,4% en 2022 y 0,7% en 2030, sino que también se estima que elevará en cerca de 3,4% la inversión en 2019 para crecer 5,4% en 2020.
Sin embargo, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, afirmó que es importante precisar que la mayoría de las demandas recaen sobre artículos específicos y no sobre las leyes en su integridad. “Asimismo, no hay que perder de vista que la interposición de demandas de inconstitucionalidad es habitual no solo frente a estas leyes, sino en general frente a cualquier ley, sobre todo cuando tienen un impacto relevante para el país”, indicó.
En total, había 27 demandas puesto que cuatro de ellas ya se han archivado, dos rechazado y tres inadmitido. Y en adelante, son los magistrados Alejandro Linares, Carlos Libardo Bernal, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes quienes analizan actualmente alguna de estas demandas. Son los que tienen en sus manos la decisión de tumbar artículos como el del impuesto unificado bajo el régimen simple, el tributo a los bienes inmuebles o la sobretasa del sector financiero. Además, hay varios denunciantes que piden incluso la inconstitucionalidad contra toda la Ley.
En las querellas hay varios nombres de peso como el del excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien manifestó vicios de procedimiento en el trámite legislativo; o el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, quien junto con los abogados Juan Rafael Bravo Arteaga y Juan Carlos Esguerra Portocarrero pidió retirar la parte del artículo 80 donde se indica que las entidades financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta.
Iniciativas contra el Plan Nacional de Desarrollo
Al recién sancionado Plan Nacional de Desarrollo también le han puesto hasta 11 demandas ante la Corte Constitucional en las últimas semanas. Además de las de los aranceles textileros impulsadas por Analdex, la Andi o Fenalco, hay otras querellas que van contra los recursos de la salud, la reestructuración de la Contraloría o la paz.
“Actualmente, estamos evaluando todos los argumentos para determinar si se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad (por los artículos de aranceles de textiles 274 y 275), pero en todo caso, y como siempre lo manifestó este Ministerio, no estamos de acuerdo con las medidas adoptadas en dichos artículos”, declaró al respecto el vicemininistro Londoño.
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