¿Hacia una transición energética territorial?

Director de Prosantander

Los anuncios en materia de transición energética por parte del Gobierno Nacional tienen un impacto diferenciado en los territorios y Santander no sale bien librado. El arranque lo marcó la reforma tributaria, con desincentivos a la industria de los hidrocarburos, que según Ecopetrol puede generar una reducción de las regalías para este departamento por $480.000 millones entre 2023 y 2026. A esta noticia se sumó la negativa de desarrollar los pilotos de investigación de los yacimientos no convencionales (YNC) en Puerto Wilches (Santander), lo que generó que se detuviera una inversión estimada en US$130 millones para la región.

Como si no fuera suficiente, cursa en el Congreso una ley que prohíbe la exploración y producción de YNC. De esta manera, se busca clausurar el debate sobre la posibilidad de usar esta técnica. Sin embargo, se estima que gracias a los YNC el país podría garantizar la seguridad energética, al pasar de cerca de 7 años en reservas de petróleo y gas, a aproximadamente 30 años. Santander podría consolidarse como el principal productor de hidrocarburos en el país, por lo tanto, las regalías podrían multiplicarse al menos por tres al pasar de $400.000 millones al año a $1,2 billones. Estos recursos contribuirían significativamente a contrarrestar una tendencia creciente de la pobreza monetaria desde 2015, y que a 2021 llegó a 36%.

Adicionalmente, mientras se sigue insistiendo en no suscribir nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, las reservas de petróleo y gas en Santander disminuyeron en 42% y 38%, respectivamente, entre 2018 y 2022. En este sentido, con la aprobación de la reforma tributaria y bajo un escenario de baja exploración, se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento se reduciría en $507.000 millones anuales, según Fedesarrollo. Como pocas regiones productoras, Santander participa de la combinación de los procesos de extracción, refinación, distribución y generación de conocimiento en la industria de los hidrocarburos, el cual representa 23% del PIB del departamento y más de 70% del PIB de Barrancabermeja. Por consiguiente, genera 22.000 empleos de alta calidad, beneficiando a cerca de 88.000 personas de manera indirecta.

Por ahora se conocen más los costos que los beneficios para Santander. De ahí, la importancia de que la ley que prohíbe los YNC obligue al gobierno a formular de manera participativa una “política pública de transición energética justa” en un término de dos años. No obstante, esta política debería haber estado formulada antes de tomar cualquier decisión, la cual debe incorporar los costos, beneficios y un plan de diversificación y sofisticación productiva con enfoque territorial, a partir de un análisis basado en la ciencia y experiencias internacionales.

Santander cuenta con grandes fortalezas en materia de transición energética: siete universidades acreditadas de alta calidad; el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP); la empresa de biocombustibles Ecodiesel; la Refinería de Barrancabermeja; reservorios y trampas geológicas para la captura y secuestro de dióxido de carbono, lo que permitiría la producción de hidrógeno azul y fertilizantes; el Parque Tecnológico de Guatiguará; proyectos hidroeléctricos y de energía solar; entre otras. Santander es un departamento que históricamente ha movido al país y que no puede quedar relegado de una transición energética y productiva inteligente, justa e incluyente. Donde nació el petróleo debe nacer la transición energética.