¿Crisis en la salud?

La palabra crisis puede tener varios alcances: desde un estado inherente a la evolución de los sistemas sociales, hasta una connotación de catástrofe y ruptura. Esta última acepción es la más utilizada, ya que hablar de crisis llama poderosamente la atención y predispone a sentir la necesidad de resolución drástica.

En estos meses se está hablando de una gran crisis del sistema de salud, buscando que la opinión ciudadana adopte la idea de un estado casi caótico en el sistema de salud que obliga a imponer cambios radicales del modelo actual.

Según el Gobierno, el sistema de salud vigente, fundado en los principios del Estado Social de Derecho y desarrollado por la Ley 100 de 1993, ha colapsado y debe reformularse sobre otras bases: cambio de roles y responsabilidades de los actores mediante eliminación de la intermediación financiera, descentralización de la distribución de los dineros hacia las regiones, mayor injerencia del Estado en toda la cadena del servicio y fortalecimiento de la prevención.

Otra parte de la sociedad civil piensa diferente, pues considera que el sistema actual ha demostrado sus bondades con indicadores objetivos: un cubrimiento poblacional universal para 50 millones de habitantes; la mejora significativa del acceso a los servicios; la protección económica a las familias (gasto de bolsillo menor a 15% del total); amplios beneficios en atención general y especializada, hospitalizaciones, procedimientos y medicamentos que garantizan el derecho fundamental a la salud; y el estímulo a la expansión de clínicas y hospitales en la mayoría de las regiones, dando empleo a más de un millón de trabajadores.

Como sucede con todos los sistemas nacionales de salud, incluso en los países de mayor desarrollo, se requieren ajustes y revisiones permanentes, en la medida en que los recursos pueden responder a nuevos desafíos: ampliación de los servicios y beneficios, expansión geográfica, incorporación de nuevas tecnologías y mejoras en calidad y oportunidad de respuesta, particularmente en el sector rural y en las regiones más pobres. Aunque nuestro sistema de salud no es perfecto, ha sido reconocido internacionalmente como uno de los más avanzados en cubrimiento, beneficios y equidad.

Bienvenido el debate, siempre que sea constructivo, racional y basado en argumentos y datos objetivos, no en anuncios incompletos que distorsionan la realidad. La discusión debe comenzar por analizar la contribución del sistema al cumplimiento de la Constitución y las leyes en materia de derechos humanos y sociales, considerando las limitaciones financieras, técnicas y humanas para atender la demanda.

Algunos expertos consideran que la Ley 100 es la mayor contribución del Estado y los privados para combatir la pobreza en Colombia, mientras que los funcionarios del actual régimen piensan que el sistema ha fallado debido a la participación de entidades privadas en el aseguramiento, que para ellos debe ser estatal y sin intermediación alguna.

¿Es posible sostener el actual monto de prestaciones con un gasto menor a los 80 billones de pesos anuales?

¿Se debe eliminar el aporte de agentes privados experimentados y reemplazarlos por entidades oficiales de orden nacional, regional y local? ¿Qué estrategias debe asumir el país para incrementar el aporte de la salud pública después de las lecciones de la pandemia? ¿Cómo puede remediarse la deficiente atención médica en centenares de pequeños municipios y áreas rurales? Esas son las cuestiones que debemos enfrentar antes de proceder a destruir lo que tanto esfuerzo ha significado para los colombianos.