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La discusión de la salud debe comenzar por analizar la contribución del sistema al cumplimiento de la Constitución y las leyes
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El acuerdo deberá contar con nuevas consideraciones pues, según expertos, las deudas del sistema han ascendido hasta $50 billones
Son varios los mecanismos que el Ministerio de Salud ha adelantado con el objetivo de hacer más eficiente el gasto en el sector. Uno de ellos es el Acuerdo de Punto Final, el cual, aunque trabaja en la identificación y valoración de las posibles deudas del Gobierno y los departamentos con las EPS e IPS, aún tiene varios puntos inconclusos.
Por una parte, el acuerdo solamente toca las deudas que no son parte del Plan de Beneficios en Salud, principalmente las deudas que tenían anteriormente las autoridades territoriales.
Para Jesús Albrey González, gerente general de González Páez Abogados, firma experta en asuntos jurídicos en el sector salud, los recursos que se manejaban desde las entidades no financiaban tecnologías en salud contenidas en el plan de beneficios.
“Hablar de acuerdo de punto final es un sofisma de distracción porque realmente no hay un punto final. El gran grueso de las deudas del sistema, que son las deudas de las EPS liquidadas, no tienen un acuerdo de punto final, por lo que debería hacerse un nuevo acuerdo”, explicó. Bajo este nuevo documento, añadió, se buscaría incluir todas las obligaciones para que se pueda poner, efectivamente, un punto final.
“Las deudas en el acuerdo presentado oscilaban entre $1,2 billones, mientas que las deudas del sistema, según los informes de la Contraloría, están por encima de los $40 o $50 billones, entonces era mínimo lo que se había regulado en ese aspecto, por lo que reafirma la necesidad de contar con un nuevo acuerdo”, agregó.
No obstante, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) dio a conocer el calendario para que las entidades se radiquen las cuentas UPC que serían cobijadas por el acuerdo.
Estas serían las últimas fechas en las que las EPS puedan ingresar las cuentas de recobros de servicios y tecnologías no UPC, las cuales estarán sujetas a correcciones o ajustes por parte de las autoridades sanitarias nacionales, según lo dispuesto por el Gobierno.
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