Justicia busca adelantar 15 años de atraso digital y superar barreras de acceso en regiones

Pese a que en los últimos años se ha venido hablando de que la digitalización del sector resolverá los desafíos que enfrenta, no se puede obviar que las cosas no serán tan fáciles dado que para su implementación deberá superar la realidad del complejo sistema.

La desigualdad en el acceso a los servicios, las deficiencias del sector, los temas de conectividad en la ruralidad, entre otros aspectos, se ponen como una talanquera de cara a la digitalización. Sin bien es cierto, que el año pasado en plena pandemia el Gobierno puso en marcha la Ley 2080 de 2021 con la que se busca acelerar la transformación, esto no sucederá de la noche a la mañana.

Víctor Saavedra, abogado e investigador del área de Tecnología, Transparencia y Derechos Humanos del Centro de Estudios de Justicia, Derecho y Sociedad-Djusticia-, sostiene que además de la brecha digital, la administración cuenta con una enorme diversidad de necesidades que requieren de respuestas tecnológicas distintas. No solamente se trata de ponerla en marcha, sino de comprender que la transformación digital tiene unos desafíos de fondo que pasan incluso por la misma comunicación entre despachos, la forma de hacer las cosas en cada estamento judicial, la conectividad en las regiones, los recursos económicos que se necesitan, el ámbito laboral, paradigmas culturales e incluso la forma como los mismos ciudadanos se relacionan con el acceso a la justicia.

Según expertos, el sistema legal padece de una enorme complejidad para llegar a donde se requiere. Si bien se pensó que con la ley 1564 de 2012, del código general de proceso, la justicia iniciaría su camino, las cosas no sucedieron. La idea de reemplazar los ‘mamotretudos’ expedientes (que apenas son una cara de la problemática) por un sistema oral, es bastante incipiente.

Mauricio Parra, abogado defensor, señala que la digitalización tiene por lo menos un retraso de 15 años y la única justicia que ha avanzado un poco es el sistema penal acusatorio en los procesos que ya están antes jueces de conocimiento o en etapa de juicio oral. No obstante, en los otros ámbitos: laboral, civil y de familia es diferente.

En muchos despachos, no existen máquinas de escaneo, fotocopiadoras y personal. Hoy en algunos despachos, la herramienta más común es con sus propios celulares y la aplicación CamScanner. Cabe mencionar que también inciden los mismos paradigmas culturales, sociales y que la administración de la justicia es la cenicienta del presupuesto nacional, advierte Parra.

Ahora, a diferencia de lo que sucede en los despachos judiciales, en las Altas Cortes se ha digitalizado la mayoría de la información, agregan especialistas de la rama. La Procuraduría es una de las entidades más juiciosas en implementación tecnológica, señaló la abogada Liliana Bera.

Por su parte, el vicepresidente de la Academia Colombiana de la Abogacía, Ramiro Borja Ávila, sostiene que adelantan esfuerzos para responder por los procesos en virtualización, como la implementación del plan de digitalización de expedientes emitido por el Consejo Superior de la Judicatura. Los abogados litigantes han venido dando lo mejor para adaptarse a las nuevas circunstancias en medio de la inexperiencia y las limitaciones. ‘”La digitalización en la nube puede ser confiable, pero aun así pueden existir retos de conectividad insospechados”, agregó Borja.

Además, no se puede decir que solamente se trata de la digitalización de expedientes, sino que comprende otros factores diversos, agregó Saavedra.

Según una fuente del sistema judicial, el reto es tan grande que en la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo “nos están diciendo a cada jefe de despacho que se las arregle como pueda para responder por procesos judiciales y a hoy, hay cero expedientes digitalizados”.

También es clave señalar que con la digitalización y virtualización no todo el mundo tiene acceso y en especial en las regiones se ha producido una ruptura entre los ciudadanos y los mismos estamentos judiciales. Entonces, no solamente entrarán en juego los procesos tecnológicos y de infraestructura de la transformación digital, sino que también habrá que tener en cuenta a las personas, tanto a los servidores públicos, abogados litigantes, y los ciudadanos para poner andar la digitalización.

Lo que se ha adelantado en la tarea
Con las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura se ha logrado avanzar en la unificación, protocolización y desarrollo de procesos para el uso de tecnologías digitales en el sector de la justicia. Se han adelantado acciones en materia de las firmas digitales, sistemas de recepción web de tutelas y habeas corpus, y planeación para medio y largo plazo.