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Hay más de 1.000 empresas operando en los espacios llamados Zonas Francas, de los cuales se identifican 124 en 21 regiones del país
Aun cuando las acciones del Gobierno tienen un propósito claro en donde se le apunta al fortalecimiento de las exportaciones, todavía se ve lejos lograr unos resultados económicos suficientes
*Abogado, economista y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U. de la Sabana
La reforma tributaria de 2022 supuso grandes debates entorno a las zonas francas. Pero, con el afán de lograr a corto plazo la sustitución de las exportaciones que representa el sector minero y de hidrocarburos, como parte de la transición energética, hoy por hoy, se ve la necesidad de potenciar las 120 zonas francas, que están ubicadas en 21 regiones.
Tras un intenso debate en el trámite legislativo de la reforma tributaria, el balance terminó por ser positivo para esta figura. Para lograrlo, se mantuvo 20% de tarifa del impuesto de renta para proyectos de infraestructura relacionados con comercio exterior, que incluye zonas francas. Se mantuvo el régimen aduanero y de comercio exterior. Se mantiene lo acordado en los contratos de estabilidad jurídica.
Por otro lado, quedó en manos del Gobierno reglamentar las condiciones que deberán cumplir las empresas para acceder a la reducción de la tarifa del impuesto de renta. En ese punto, el asunto está condicionado a la aprobación de un plan de internacionalización en el que las organizaciones interesadas puedan ofrecer suficientes garantías en zonas francas y obtengan el beneficio siempre y cuando cumplan con la finalidad de favorecer el comercio exterior.
Pero si bien los efectos de la regulación por parte del Ministerio de Industria y Comercio respecto de los planes de internacionalización, serán cruciales para consolidar a las zonas francas como espacios competitivos para proyectos con vocación de exportación de empresas nacionales y extranjeras, también dejan ver una serie de desafíos.
Se deben equilibrar, por un lado, las expectativas en cuanto evitar la malversación de las zonas francas para la reducción de impuestos y, por el otro lado, debe ser tenida en cuenta la realidad del mercado nacional, fuertemente golpeado en términos macroeconómicos, así como las deficiencias en integraciones económicas, productivas y logísticas.
A su vez, será necesario que la regulación de los planes de internacionalización se acompañe de eficiencias administrativas para su aprobación por parte del Ministerio de Industria y Comercio, toda vez que debe primar la seguridad jurídica para el mercado y los inversionistas.
Aun así, el cumplimiento del objetivo esperado requiere de un diagnóstico más pormenorizado, pues muchas son las variables que inciden en la puesta en marcha de este tipo de negocios. En ese sentido, en lo concerniente a potenciar las zonas francas, vale la pena reflexionar para entender que se trata de una solución de última milla, pues se es una problemática que antecede con una multiplicidad de variables productivas, comerciales, tecnológicas, políticas, sociales, culturales y legales.
Por ahora, aun cuando las acciones del Gobierno tienen un propósito claro en donde se le apunta al fortalecimiento de las exportaciones para contrastar los efectos en la balanza comercial por parte de la transición energética, todavía se ve lejos lograr unos resultados económicos suficientes que puedan ser representativos para la sustitución esperada.
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