Familia reconoció su participación en cartel de papel suave

“La empresa y su Junta Directiva expresan a sus empleados, consumidores, clientes, proveedores y a la comunidad en general su arrepentimiento sincero por su participación en los hechos investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio”.

La organización, que lidera en los cuatro negocios del papel suave (papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos para manos y cara) indicó que  reconoce los errores que cometieron en el pasado algunos de sus directivos y otros empleados y acepta su responsabilidad. “Estos errores no reflejan el origen de la compañía ni sus logros alcanzados a lo largo de más de cinco décadas”, resaltó. 

La empresa suspendió por tiempo indefinido a su gerente Darío Rey Mora. Interinamente estará Andrés Felipe Gómez, gerente de manufactura.

Aún falta la decisión del superintendente Pablo Felipe Robledo, sobre las sanciones por cuenta de este cartel. En el informe motivado se recomienda excluir del proceso de beneficios por delación a la empresa por incurrir en falsas versiones.

Este no es el único caso de cartelización pendiente: el de cuadernos también espera una decisión  y cuatro más avanzan en su proceso de investigación: pañales, cemento, seguridad privada y subastas ganaderas.

“El propósito de la lucha contra la cartelización empresarial no es otra que sanear nuestra economía de prácticas anticompetitivas que redundan en perjuicios contra el bienestar general de los consumidores, fundamentalmente contra el bolsillo de aquellos menos favorecidos, y también contra el buen funcionamiento de los mercados”, manifestó el superintendente Pablo Felipe Robledo, . 

Pañales, próximo a informe
Este caso está próximo a conocer el informe motivado presentado por Jorge Enrique Sánchez, superintendente delegado para la Protección de Competencia. Su investigación inició en agosto de 2014 y están implicadas 44 personas naturales y cinco empresas: Tecnosur-Tecnoquímicas, con la marca Winny Ultratrim; Familia, con la marca Pequeñín; Kimberly, con Huggies; y Drypers, con Baby Sec.

La participación de mercado de estas compañías, en conjunto, es superior a 90%. En promedio: 41% de Tecnosur-Tecnoquímicas; 28% de Familia; 21% de Kimberly; 6% de Drypers; y el 4% restante es para otras firmas. “El pliego de cargos se formuló después de que se inspeccionara a varias empresas y, que dos de ellas, se acogieran al programa de beneficios por colaboración, confesaran su participación y aportaran las pruebas sobre la existencia, funcionamiento y seguimiento del cartel empresarial (correos, documentos, testimonios y declaraciones juramentadas)”, señaló la SIC al momento de abrir la investigación. La decisión final será tomada entre mayo y junio. 

Cemento, en etapa probatoria
La investigación por este caso se abrió en agosto de 2014  con cinco empresas implicadas: Cementos Argos, Cemex Colombia, Holcim, Cementos Tequendama y Cementos San Marcos; también con 14 personas naturales vinculadas a dichas organizaciones. El motivo para iniciar el proceso es la presunta fijación de precios del cemento gris y la repartición de cuotas de producción de este material. En este momento el proceso se encuentra en etapa probatoria y se espera que la decisión final se tome este año.

Seguridad privada, en pruebas
Ocho empresas están siendo investigadas en este caso que salpica al sector de seguridad privada: Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Sejarpi y Secutiry Management Group.

El proceso está en etapa probatoria y se originó por la presunta  cartelización empresarial en 252 procesos de contratación pública, hechos  ante 149 entidades estatales en todo el territorio nacional durante 2010, 2011 y 2012. También hay 32 personas naturales implicadas, “la investigación  inició a raíz de una denuncia presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf, según la cual varias compañías que se presentaban como supuestos competidores individuales, estaban actuando de manera coordinada en la presentación de sus ofertas en una licitación pública”, indicó la SIC.

Subastas ganaderas
Sociedad Central Ganadera, Cogasucre, Proagan, Comercializadora Ganadera, Subacasanare y la Compañía Ganadera del Meta son algunas de las más de 20 entidades que son parte de la investigación.

La causa que llevó a abrir este proceso fueron las presuntas irregularidades en la comercialización de ganado en pie a través del sistema de subasta. También un presunto acuerdo para unificar el valor de la comisión que, por el servicio de intermediación en las subastas, se cobra tanto a a proveedores como a compradores de ganado. 

“La SIC debe sentar un precedente al sancionar a estas organizaciones que han jugado con el bolsillo del consumidor durante años”, dijo Luis Fernando Martin, consultor empresarial. 

La delación  ha sido el  factor común
El desarrollo de estos procesos ha estado enmarcado por una figura: la delación, a la que han recurrido varias de las empresas implicadas. “Igual que las autoridades más importantes del mundo encargadas de proteger la libre competencia, la SIC tiene un programa de beneficios por colaboración para aquellas empresas que quieran delatar su participación en acuerdos anticompetitivos y que aporten pruebas que permitan robustecer las investigaciones que adelanta esta autoridad”, dijo Robledo.

Las opiniones

Pablo Felipe Robledo
Superintendente de industria y comercio
“El propósito de la lucha contra la cartelización empresarial no es otra que sanear nuestra economía de prácticas anticompetitivas”.

Luis Fernando Martin
Consultor Empresarial
“La Superindustria debe sentar un precedente al sancionar a estas empresas que han jugado con el bolsillo del consumidor”.