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El modelo de las inversiones forzosas fue empleado en varios países de Latinoamérica durante las décadas anteriores a los años 90
El anuncio sobre las inversiones forzosas del presidente Gustavo Petro sigue causando opiniones encontradas entre los sectores y el Gobierno. Este modelo fue empleado en Latinoamérica durante las décadas anteriores a los años 90, pero se ha venido deteriorando al punto de quedar vigente solo en Colombia, Bolivia y Venezuela.
José Ignacio López, presidente de Anif, aseguró que en ningún país desarrollado existe. "El término en anglosajón es bien desconocido, es una política que ha caído, la evidencia es que no funciona y, por tanto, se ha venido desmontando", explicó.
Y esto se debe a que la inversión forzosa trae consigo algunas consecuencias en el sistema financiero. Lo primero es que reducen la capacidad de otorgar créditos de los establecimientos de crédito; otro de los efectos de las inversiones forzosas es que puede subir la tasa de interés de los créditos de los usuarios tradicionales del sector financiero.
Como tercer efecto, López aseguró que las inversiones forzosas reducen las utilidades y la rentabilidad de los establecimientos de crédito y de los bancos. Esto, en un contexto en el que 11 bancos tienen utilidades en rojo, no representa un buen panorama para recuperar esa estabilidad en las entidades bancarias.
"En Colombia quedó documentado que esto también estuvo acompañado de una reducción en las tasas de interés que los bancos pagan a los ahorradores como consecuencia de esa reducción en la utilidad", agregó López.
Ahora bien, además de estos efectos, hay otras consecuencias dependiendo de cómo sea la asignación de crédito. "En el pasado y en otros países hemos visto que las asignaciones forzosas a veces terminan generando una mala asignación de crédito y, por tanto, esos títulos que están respaldados con créditos direccionados terminan teniendo unas pérdidas importantes", dijo López.
Eso implica o que el Gobierno tiene que salir a usar recursos fiscales para compensar las pérdidas de morosidad en esos créditos direccionados o eventualmente esto puede tener una repercusión en la solvencia de los bancos y, por tanto, en la estabilidad del sistema.
También puede haber efectos de otro tipo y parten del criterio con el que se asignan este tipo de créditos y si esto tiene algún interés electoral o de propaganda del Gobierno.
"Los bancos utilizan en sus diferentes fuentes de fondeo, están de manera muy importante los depósitos, que son los depósitos en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes, en CDT. Esas son las fuentes más importantes de fondeo de los bancos, y, por tanto, cuando se hacen inversiones forzosas, mecánicamente salen de buena parte de esos depósitos", exlicó el presidente de Anif.
Agregó la cuestión es el monto de las inversiones que tienen que destinar a los títulos de desarrollo agropecuario, "hoy en día es 1% de las inversiones que tienen que destinar, pero llegaron a ser 25% de los depósitos en 1.951", dijo López.
Añadió que "este dinero está indexado a la DST y tiene unos puntos negativos. Entonces, para los bancos es una inversión que sale por debajo de tasas de mercado. Y Finagro las presta a tasas preferenciales", dijo. Y aclaró que esto sería en el entendido en el que fuera como una ampliación de las inversiones ya existentes, pero todavía no hay certidumbre de finalmente qué tipo de modelo se va a plantear.
Hasta el momento, estas inversiones forzosas solamente están representadas en TDA o los Títulos de Desarrollo Agropecuario y son la principal fuente de financiamiento del sector agropecuario. "Se identificó que el campo colombiano necesitaba de unas condiciones especiales para financiarse y se estableció que los TDA permitiría que el pequeño productor accediera tasas de interés que serían imposibles sin los títulos", explicaron desde Finagro.
Por tanto, a partir de la Ley 16 de 1990 y del nacimiento del Sistema Nacional de crédito agropecuario, los bancos empezaron a hacer las inversiones forzosas en TDA. Estos TDA se dividen en dos tipos, el primero es el tipo A que se usan para impulsar el crédito de los pequeños productores y el tipo B para financiar los demás actores de la cadena del sector.
De hecho, ayer se conoció que la banca un 'Gran Pacto por el Crédito', pues aseguraron que el sector financiero aún se encuentra en un periodo de ajuste con rentabilidad limitada y caída de la cartera.
Con este pacto, la banca propone aumentar los desembolsos destinados a los sectores de vivienda, manufactura, agro, turismo y economía popular en $35 billones. “Esto llevará los desembolsos anuales, que actualmente bordean los $120 billones, a $155 billones, representando un aumento de 30% en la colocación anual”, añadió el líder del gremio.
De una forma más detallada, para vivienda proponen continuar en la línea de reducción de tasas de interés, para mantenerlas sobre 10,6%, con desembolsos de $3,9 billones; en el segundo ítem de vivienda, la banca propone Mantener subsidios de 'Mi Casa Ya' con una inyección de presupuesto de $5,3 billones; y aumentar el LTI o Loan To Income, de 30% a 40% con desembolsos por $2,4 billones.
En el sector manufactura, la clave está en optimización de títulos de desarrollo agropecuario, TDA, con desembolsos de $2 billones; a la ínea de redescuento para transición energética se le entregaría $1 billón; por último, proponen reducir el ponderador de Apnr de libranzas de 75 a 55%.
Para el agro, proponen aumentar el incentivo a la capitalización rural, ICR, en 10 pp con desembolsos por $0,5 billones; aumentar garantías del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG y asignar más recursos al incentivo al seguro agropecuario, ISA con desembolsos por $0,2 billones y $1,6 billones, respectivamente.
En la economía popular y comunitaria, proponen un crédito productivo de trámite simplificado; acelerar implementación del programa Creo; y subsidio a comisiones de garantías del FNG; con desembolsos de $1,6 billones, $1 billón y 1,4 billones, respectivamente.
Y por último, en turismo, los instrumentos que propone la banca son crédito de pago flexible, subsidios a comisiones de garantías del FNG y líneas Bancóldex, con desembolsos por $0,4 billones, $2,8 billones, y $0,3 billones, respectivamente.
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