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Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, destacó que el proyecto de ley afectará a los beneficiarios de ayudas estatales y la economía de mercado
Sigue la polémica alrededor del proyecto de Ley que pretende la exoneración de costos operativos financieros para las transferencias monetarias no condicionadas, es decir, las operaciones de dispersión de subsidios de programas como Ingreso Solidario, la compensación del IVA, Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción.
La Asociación Nacional de Servicios Postales (Asopostal), gremio que representa a empresas que operan el negocio de los giros, que han sido parte fundamental en la labor de llevar a los colombianos los recursos del Gobierno.
Juan Andrés Carreño, presidente de la agremiación, envió una carta a Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, estancia que debatirá la iniciativa, para “revisar este proyecto objetivamente y priorizar la garantía de la dispersión de estos recursos a lo largo de todo el territorio nacional, ya que su aprobación es altamente inconveniente para el sistema vigente de entrega y dispersión de subsidios”.
“Las redes de giros postales en el país tienen más de 50.000 puntos de atención en 1.000 municipios, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para llegar a los puntos más apartados de la geografía regional y ayudarle al Gobierno a llevar estos recursos. Estas transferencias monetarias tienen unos costos que los ingresos no cubren, no es lo mismo llevarle un giro a una persona que vive en una ciudad principal que llevárselo a una que vive en una zona apartada. Este proyecto de Ley pone en riesgo el sistema de dispersión de recursos del Estado”, explicó a La República el presidente de Asopostal.
“Las redes de giros postales en el país tienen más de 50.000 puntos de atención en 1.000 municipios, estamos haciendo un esfuerzo para llegar a los puntos más apartados de la geografía regional”.
Según Carreño, una de las consecuencias que podría tener este proyecto es que los actores privados ya no quieran participar en la dispersión de los recursos, lo que terminaría afectando directamente a los beneficiarios, especialmente a aquellos que viven en zonas rurales.
El líder del gremio también criticó la iniciativa desde el punto de vista de que “el Gobierno no le puede poner un precio o tarifa al trabajo de los privados”. Para Carreño, esto representa un ataque a la libre competencia y a la economía de mercado. “En un libre juego de oferta y demanda, debe ser el mercado el que fije sus tarifas, las leyes de la República no deberían ser un instrumento para establecer este tipo de regulaciones”, agregó el ejecutivo.
Carreño también destacó que ha depositado su confianza en quienes están a cargo de la aprobación del proyecto de Ley. “Confío en el Congreso, sé que en la Comisión Tercera hay mucha gente muy seria y competente que hará los análisis correspondientes y que tomará las mejores decisiones para no poner en riesgo a las poblaciones más vulnerables. Los programas del Gobierno en pandemia han sido excelentes, especialmente los liderados por Prosperidad Social, no vale la pena ponerlos en riesgo”.
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