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Privados señalan que el artículo del PND impulsaría cerca de 207.000 traslados que le costarían al estado $50 billones, monto para sacar de la pobreza a 1,7 millones de ancianos
En los próximos días se debe realizar en el Congreso de la República el segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el que se incluyó un artículo sobre pensiones que ha causado reacciones negativas tanto del sistema privado como del público, pues aumentaría la brecha de desigualdad y le implicaría mayores costos al Estado.
El artículo, que inicialmente se dio a conocer como 303 y que hoy es el número 84, permite que los afiliados a pensiones mayores de 50 años en el caso de las mujeres y mayores de 52 años en el caso de los hombres, que no hubieran contado con la doble asesoría y hayan cotizado 750 semanas o más se puedan trasladar de los fondos privados (AFP) a Colpensiones o viceversa los cuatro meses siguientes a la expedición de la Ley de la que hace parte el artículo.
Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, explicó que, de acuerdo con estimaciones hechas por el gremio, el perfil de las personas a quienes principalmente impactaría esta propuesta es a un grupo de trabajadores con ingresos entre cuatro y 25 salarios mínimos, estabilidad laboral, 1.300 semanas cotizadas en promedio, y edades superiores a 53 años.
“Quienes tienen ingresos de 25 salarios mínimos recibirían $1.000 millones en subsidios por persona, esto es absurdo considerando el contexto actual, en el que hay un gran número de adultos mayores que no reciben ni un solo peso”, dijo.
De aprobarse el artículo, el gremio de los fondos de ahorro de pensión estima que se trasladarían cerca de 207.000 personas al sistema público, una cifra alta si se tiene en la cuenta que, según Colpensiones, en 2018 155.000 personas movieron sus ahorros de las AFP a la entidad pública.
De los más de 200.000 traslados, solo 172.000 lograrían los requisitos de pensión en el Régimen de Prima Media. Los 35.000 restantes se trasladarían y no accederían a pensión, alerta Asofondos. “Las cerca de 170.000 personas que se jubilan le cuestan al Estado $77 billones, pero quienes se trasladan pasan $27 billones. El costo neto de los traslados por el artículo es $50 billones, los cuales no están financiados. Habría que aumentar impuestos o adquirir deuda pública”, señaló Montenegro.
“Lo que sorprende es que aparezca de repente este artículo cuando se ha hablado de una reforma. Es una irresponsabilidad meter una cosa de estas sin estudios ni cifras”
“Se debería fomentar la eliminación de la competencia entre ambos regímenes, pues corregir el sistema pensional pasa por un camino necesario que es unificarlo”.
El gremio anunció que con los recursos con los que se les estarían subsidiando las pensiones a personas que tienen los ingresos para pensionarse, se podría sacar de la pobreza extrema, de forma vitalicia, a 1,7 millones de ancianos que hoy están desprotegidos.
Además, Asofondos estima que a las 35.000 personas que se trasladarían al sistema público y no lograrían acceder a pensión, les devolverían entre una tercera y una cuarta parte del dinero que entregaron al cambiarse de sistema pensional.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo dio a conocer por medio de un comunicado que su concepto frente al artículo incluido en el PND es negativo, pues la Corte Constitucional ha manifestado que “son exequibles los términos establecidos en la Ley 797 de 2003 para los traslados de régimen pensional.”
En la comunicación también se resaltó que la “propuesta conlleva riesgos de financiamiento para el Sistema Pensional a mediano y largo plazo”.
La unificación del sistema pensional
David Cuervo, director de Wealth Mercer Colombia, mencionó que la legislación colombiana más que promover reglas que beneficien a un sistema pensional o al otro, lo que debería hacer es eliminar la competencia entre estos dos y migrar a un único sistema que tenga características de los dos modelos. Según el experto, uno de los errores en el país fue mantener los traslados entre ambos sistemas, ya que esta clasificación debería hacerse según lo que más le convenga al afiliado. De hecho, según el Gobierno, más de 80% de los traslados son equivocados.
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