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La aerolínea presentó el acuerdo que, de aprobarse, le permitiría conseguir US$2.000 millones claves para continuar operando
Desde junio, el Gobierno ya veía de forma seria el préstamo a Avianca. Ese mes se contrató a Goldman Sachs para estructurar la posibilidad de darle un crédito a la aerolínea, que al final fue anunciado en agosto por US$370 millones. Ayer, mientras ese préstamo sigue empantanado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la empresa anunció que logró un acuerdo para conseguir US$2.000 millones. Y según el documento presentado en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, conocido por LR, ahora Avianca solo necesitaría hasta US$250 millones del Gobierno, un monto menor de lo previsto y aprobado.
Así se desprende de la presentación ante la Corte que realizó John E. Luth, el presidente de Seabury Securities, la banca de inversión y asesora financiera de Avianca en el proceso. En el documento, y tal como lo manifestó la aerolínea en un comunicado de prensa, cerca de US$250 millones fueron estructurados como un financiamiento puente, en donde entraría la eventual participación de uno o más gobiernos.
La aerolínea no solo ha buscado ayuda del gobierno colombiano. El presidente de Seabury reveló que también se tocaron las puertas de Ecuador y El Salvador, donde se tiene participación de más de 50% del mercado y aproximadamente a 75% de sus empleados. No obstante, según la versión de Luth, siempre el enfoque ha estado en lograr una ayuda colombiana. De ser así, esto significaría US$120 millones menos que el préstamo inicial que había anunciado el Gobierno. Además, la aerolínea abre la puerta a que no se concrete ese financiamiento y aún así se logre el respaldo para conseguir los US$2.000 millones. “Este financiamiento será respaldado por otros Prestamistas DIP para asegurar que los deudores tengan fondos suficientes, independientemente de si dicho prestamista adicional participa en la Facilidad DIP”, dice Luth en el documento presentado.
El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que, por ahora, el Gobierno no puede participar (debido al proceso en el Tribunal de Cundinamarca), “pero Avianca ha conseguido más recursos y ya solo le harían falta US$240 millones”.
Londoño agregó que “como gobierno manifestamos nuestra intención de ser prestamistas de última instancia. Es decir, si consiguen los recursos no entraríamos, y como lo dije anteriormente, en este momento estamos imposibilitados para entrar por orden judicial”.
Así será la financiación
La propuesta todavía necesita el visto bueno del juez Martin Glenn, quien lidera el proceso. De conseguirlo, la compañía tendría US$2.000 millones que no solucionan todos sus problemas financieros, pero sí aseguran su continuidad en el corto plazo y reflejan la fortaleza que el mercado todavía ve en la aerolínea y en el sector.
El mecanismo de financiación DIP, especial para compañías que avanzan en un plan para pagarles a sus acreedores y que ayuda a compensar la falta de dinero en efectivo, estará dividido en dos tramos. El Tramo A dejará US$1.288 millones, de los cuales US$881 millones es dinero nuevo que llegará. En este Tramo es donde se ubicaría un eventual préstamo del Gobierno, pues tendría prioridad sobre otros acreedores.
Además, también se obtendrán recursos de un Grupo Ad Hoc de tenedores que representan la mayoría de los bonos senior de Avianca garantizados con vencimiento a 2023.
En el Tramo B se conseguirán US$722 millones, de los cuales US$335 millones será dinero nuevo. En esta parte, por ejemplo, se ubica a United Airlines y Kingsland Holdings. En total, sumando ambos tramos, el financiamiento llega a US$1.989 millones: US$1.216 millones de nuevos fondos y US$773 millones de deuda preexistente.
“Basado en el extenso trabajo de Seabury para evaluar las necesidades de liquidez inmediatas y proyectadas de los deudores, creo que el DIP Facility proporcionará la liquidez necesaria y suficiente para que los deudores financien sus operaciones durante la tramitación de estos casos del Capítulo 11”, agregó Luth ante el juez en Nueva York.
El presidente de Seabury también asegura que Avianca solo tiene US$150 millones en efectivo, disponibles sin ningún tipo de restricción. “Si los deudores no pueden acceder rápidamente a la Facilidad DIP, con base en la previsiones financieras, no podrán continuar operando su negocio más allá de principios de octubre de 2020. Los deudores necesitan la Facilidad DIP para financiar el capital de trabajo, realizar gastos de capital, cubrir obligaciones de nómina, pagar a los proveedores, cubrir los costos generales y realizar cualquier otro pago que sea esencial”, señaló Luth.
La búsqueda del dinero
El documento presentado ante la Corte no solo justifica la necesidad de que se apruebe el acuerdo, sino que también realiza un recuento de cómo fue el proceso para lograr los compromisos. Por ejemplo, se habla de que desde abril, Avianca contrató a Seabury como su banquero de inversión y encontró que la salida más viable era acogerse al Capítulo 11.
A principios de ese mes, la banca de inversión lanzó un proceso de solicitud para levantar dinero, para lo que se puso en contacto con más de 100 prestamistas potenciales. Sin embargo, tras la retroalimentación recibida, se hicieron ajustes a la oferta. En este trabajo se pusieron en contacto con casi 425 prestamistas, que dio como resultado que más de 250 partes acudieran a las salas de datos públicas y privadas de Avianca.
El “relanzamiento” del proceso de solicitud de DIP, recibidos los comentarios adicionales en los que los prestamistas aseguraron no tener las suficientes garantías, dio como resultado un acuerdo totalmente financiado por más de 120 instituciones con ofertas de compromiso final.
La importancia de LifeMiles
Una de las garantías que ha puesto Avianca en este proceso es el programa de fidelización LifeMiles, además de su subsidiaria de carga, sus marcas relevantes y sus cuentas de efectivo. Para ello, la aerolínea se comprometió a comprar la participación que tiene Advent. La audiencia en la que se presentará oficialmente este acuerdo ante el juez está programada para el 5 de octubre.
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