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El Tribunal de Cundinamarca ratificó su decisión de la medida cautelar que prohíbe que el Gobierno le preste dinero a la aerolínea
Después de que se conociera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió no levantar la medida cautelar que prohíbe que el Gobierno participe en la estructura de financiamiento de Deudor en Posesión (Debtor-in-Possession, DIP) de Avianca, se conoció que estos recursos no son la única opción que tiene la aerolínea para completar su financiamiento.
De hecho, la decisión de las autoridades colombianas no tendrían por qué afectar el resultado de la audiencia sobre la aprobación del financiamiento DIP por parte del Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos, que está programada para el próximo lunes 5 de octubre.
A pesar de que la compañía aérea ya interpuso un recurso de apelación frente a la ratificación del Tribunal de Cundinamarca, Avianca no requiere estrictamente que los US$240 millones provengan de uno o más gobiernos, pues en la estructura de financiamiento estos recursos incluyen compromisos de respaldo.
“Hay una decisión general de tratar de apoyar a las instituciones, ya sea desde el ámbito público con respaldo de líneas de crédito del Gobierno o con iniciativas del mismo sector privado”.
En el acuerdo que la aerolínea presentó ante el Tribunal de Bancarrota hay un apartado que señala que la financiación aportada por una entidad gubernamental será respaldada por otros prestamistas DIP, para asegurar que los deudores (Avianca) tengan fondos suficientes, independientemente de si la entidad gubernamental participa en la estructura de financiación.
Wilson Tovar, jefe de investigaciones económicas de Acciones & Valores, señaló que hay un grupo de inversionistas que estarían dispuestos a respaldar a la aerolínea en caso de que el dinero del Gobierno no se pueda entregar, pues podrían apostarle a una fuerte rentabilidad del negocio en los próximos dos o tres años.
“Esta es una situación coyuntural que afecta a todo el planeta y que no se prevé que sea una situación permanente. En el futuro cercano el mundo no va a funcionar sin aviones, así que cualquier inversionista podría estar dispuesto a hacer ese esfuerzo adicional para poner esa plata”, mencionó.
Iván Felipe Agudelo, analista de renta variable e inversiones de Alianza Valores, agregó que el préstamo del Gobierno podría ser bien visto por el Tribunal en Nueva York, porque significaría el respaldo de un país a una compañía, lo que podría pesar en la decisión de no liquidar a la aerolínea.
“El aporte del Gobierno es interesante, pero no es la única opción, pues hay más gente interesada en ayudar a Avianca. Una motivación puede ser que cuando se declara la bancarrota, se ofrece deuda senior. Eso quiere decir que esa nueva deuda es la primera en pagarse, que tiene prelación en el pago”, explicó.
Vale la pena recordar que, para la participación gubernamental del DIP, Avianca no solo recurrió al Gobierno colombiano, sino que también se buscaron ayudas económicas en Ecuador y El Salvador, donde la aerolínea tiene participación de más de 50% del mercado y aproximadamente a 75% de sus empleados.
El mecanismo de financiación DIP está dividido en dos tramos. El Tramo A, donde se ubicarían los US$240 millones, dejará US$1.288 millones, de los cuales US$881 millones es dinero nuevo que llegará. Además, se obtendrán recursos de un Grupo Ad Hoc de tenedores que representan la mayoría de los bonos senior de Avianca garantizados con vencimiento a 2023. En el Tramo B se conseguirán US$722 millones, de los cuales US$335 millones será dinero nuevo.
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