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Actualmente, sólo uno de cada tres cotizantes logra jubilarse. Inequidad y baja cobertura figuran entre los retos del sistema pensional.
La baja cobertura del sistema pensional, el alto grado de inequidad y la dudosa sostenibilidad financiera del régimen público fueron los principales problemas identificados por los expositores del seminario internacional “Alternativas de reforma pensional en Colombia” organizado por el Banco de la República, el Cisoe y la OIT.
Para Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, una reforma se hace necesaria ante el aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento de la población colombiana.
Es así como en 1950 había 11 trabajadores activos por cada adulto mayor de 65 años. En 2020 sólo habrá 5,45 y la tendencia continuará a la baja. Así, en 2040 serán sólo 2,7; en 2060 pasará a 1,66 y en 2100 estará en 1,2, como el caso actual de Japón.
“Con la creación del Régimen de Ahorro Individual (Rais) cayó mucho la deuda pública, disminuyendo de 240% a 110% el pasivo pensional como parte del PIB. Según el DNP, el Gobierno Nacional está destinando 2,3% del PIB ($41 billones) a subsidios para subvencionar 86% de las pensiones en los quintiles con ingresos altos. Solamente 1% va al quintil más bajo. Esto se traduce en un tipo de gasto público regresivo”, señaló Montenegro.
Ahora, más allá del hueco fiscal, Montenegro dijo que preocupa que las estimaciones hacia futuro muestran que de los 14,2 millones de personas en edad de pensión que existirán, 9,5 no alcanzarían a tener una pensión; 2,4 contarían con el apoyo del programa "Colombia Mayor" y sólo 2,3 millones tendrían una pensión. Esto implica que, ante la falta de cotizantes, el régimen público solo jubilará a 10% de sus afiliados.
Esta situación representa uno de los retos fundamentales para el Régimen de Prima Media (RPM), donde las pensiones se pagan con las cotizaciones. Por esto, Asofondos propone transitar hacia un esquema de contribución definida como ocurre en Islandia, los Países Bajos o Dinamarca.
Entretanto, Adriana Guzmán, presidenta de Colpensiones, destacó que la razón de ser del sistema público es cumplir el artículo 10 de la Ley 100 el cual subraya la ampliación de la cobertura a los segmentos de la población no cobijados. Por esto,“el principal reto será llegar a quienes no van a tener una pensión, que no tendrán cotizadas 1.300 semanas y que no tienen un salario mínimo como base de cotización. Colpensiones ha innovado en la cobertura a través del programa Beps (Beneficios Económicos Periódicos) y lo seguirá impulsado”.
Finalmente, la sostenibilidad financiera del régimen público fue un punto analizado por Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, quien señaló la presión que añaden los regímenes especiales del sector defensa, magisterio y otros sectores públicos.
“De acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno destinará este año $34,2 billones para el rubro de pensiones. Esa cifra equivale al 3,4% del PIB y representa 25% de los ingresos tributarios de la Nación”, puntualizó Echavarría.
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