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Estructura del Grupo Empresarial Antioqueño tras las OPA del Grupo Gilinski
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El Gobierno avanza en el estudio del decreto que ayudaría al acuerdo entre el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Gilinski. El foco está en los accionistas minoritarios
El decreto que debe expedir el Gobierno Nacional para que avance el acuerdo entre el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, y el Grupo Gilinski está cerca de salir, luego de que el Ministerio de Hacienda terminara el periodo para recibir comentarios al proyecto que presentó a finales del año pasado. Las correcciones que tendrá el documento final no serán muchas, a juzgar por las observaciones que se aceptaron.
Recordemos que tras el Acuerdo de Madrid y la suscripción de un otrosí en diciembre, el GEA y el Grupo Gilinski acordaron que los primeros entregarían su participación en el Grupo Nutresa, a cambio de que el banquero caleño y sus socios árabes salieran del Grupo Sura.
Esto se haría bajo un largo proceso, que incluyó la escisión de Nutresa en dos compañías, una nueva OPA y dos intercambios directos de acciones.
Este proceso es el que se busca termina de regular con el decreto, con el que se comprometió el mismo presidente Gustavo Petro, con el objetivo de proteger a los accionistas minoritarios, pues algunos se preguntan si no hubiera sido más rentable para ellos haber aceptado las primeras OPA que lanzaron los árabes y Gilinski.
En total, el Ministerio de Hacienda recibió 25 comentarios con un total de 13 participantes. Entre ellos, están accionistas minoritarios, expertos del sector y gremios como Asofondos.
Aunque la mayoría de observaciones no fueron totalmente aceptadas, las que sí lo hicieron mostrarían los cambios que se vendrían en el proyecto final. Una de las modificaciones es un ajuste en la redacción para aclarar que son dos o más sociedades inscritas las que deben participar en el contrato de permuta, con el que se intercambiarán las acciones.
Para Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, todo este decreto podría sobrar, pues por lo general en estos procesos siempre se realizan OPA posteriores para terminar de recoger a los inversionistas que no quisieron participar. “Al comprador le interesa recoger el mayor número de acciones posibles y en un futuro realizar un eventual desliste de la acción en Bolsa”, aseguró.
Sin embargo, en el documento, el Gobierno resaltó la necesidad de proteger a los minoritarios. La OPA que se lance, añadió el Ministerio de Hacienda, deberá cumplir con las autorizaciones y los procesos pertinentes.
“La solicitud de autorización de la realización de manera obligatoria de la OPA para ser ofrecida a los accionistas minoritarios, es la manera de protegerlos, ya que se garantiza el derecho a acceder a este mecanismo”, agregó el Ministerio de Hacienda al responder las observaciones.
Yovanny Conde, cofundador de Finxard, consideró que los accionistas minoritarios podrían estar reclamando que no se les ha hecho una OPA por las acciones ordinarias de Sura y Argos, a diferencia de lo que sucedió con las de Nutresa. Según Conde, tal como está la transacción, “se podría decir que el GEA sí realizó una OPA por las acciones de Sura y Argos, en la que sólo participaron dos accionistas minoritarios: los inversionistas árabes y Gilinski”.
“Lo que los accionistas minoritarios podrían estar reclamando es que no se les ha hecho una OPA por las acciones ordinarias de Sura y Argos, a diferencia de lo que sucedió con las de Nutresa”.
“Lo que el Gobierno busca con este decreto es algo que sobra. Por lo general, siempre se realizan OPA posteriores para terminar de recoger a los inversionistas que no quisieron participar”.
En el documento del Ministerio de Hacienda, también se advirtió que la medida es necesaria para que se “reconozcan las necesidades de los accionistas minoritarios que ante la circunstancia de concentración accionaria tendrán menor poder de negociación ante cualquier evento de intercambio de propiedad entre inversionistas mayoritarios”.
Conde también alertó que una vez finalicen los intercambios, Sura quedaría con más de 50% de Sociedad Portafolio (la compañía que resultó de la escisión de Nutresa), y esta última, a su vez, posee acciones de Sura. “Esta situación está prohibida, ya que se considera una imbricación”, concluyó.
El Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, junto con el superintendente Financiero, César Ferrari, se reunieron esta semana con los abogados del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, para encontrarle fórmulas y salidas al inminente decreto que los obligaría a ofertar por los títulos que están en cabeza de los minoritarios. Esta semana, los funcionarios del Gobierno se reunieron a puerta cerrada, a través de una videoconferencia, para buscar fórmulas donde las partes se beneficien.
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