MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
El trabajo de Seabury ha estado apoyado por dos de las principales instituciones financieras del mundo: JP Morgan y Goldman Sachs
Eran las 8:03 de la mañana del 10 de mayo cuando inició la junta directiva extraordinaria que marcaría el futuro inmediato de Avianca. Ya para ese entonces, Colombia completaba 48 días con los vuelos suspendidos para evitar la propagación del coronavirus. Ese domingo, mientras muchos celebraban a distancia el Día de la Madre, se decidió que la aerolínea entraría al Capítulo 11, la ley de bancarrota de Estados Unidos, para evitar la desaparición de la compañía.
Desde entonces, han pasado 123 días y Avianca ha logrado avanzar en su reestructuración, con expertos que no solo la han asesorado en el proceso de bancarrota, sino también en el camino para asegurar el dinero que necesita. Para ello, la empresa optó por el mecanismo de financiación DIP, especial para compañías que avanzan en un plan para pagarles a sus acreedores y que ayuda a compensar la falta de dinero en efectivo.
La banca, que ha estado detrás de la estructuración, incluyendo el préstamo que anunció el Gobierno colombiano hace dos semanas, ha estado liderada principalmente por tres compañías, a pesar de que hay un largo listado de empresas involucradas en todo el proceso. La primera de ellas es Seabury Securities, fundada en 1995, con presencia en 26 ciudades y activos por más de US$1.000 millones. Es un viejo conocido de Avianca, pues no solo participó en 2004 cuando ingresó por primera vez al Capítulo 11, sino que asesoró el reperfilamiento de la deuda que se realizó a finales del año pasado.
Desde aquella junta extraordinaria de mayo, los miembros decidieron contar con la asesoría de esta empresa. En el acta que se levantó sobre la reunión se aprobó su contratación como “asesor de reestructuración y banquero de inversiones para representar y ayudar a la compañía a cumplir con sus deberes bajo el Código de Quiebras, y tomar todas las acciones para avanzar en los derechos y obligaciones”.
El trabajo de Seabury ha estado apoyado por dos de las principales instituciones financieras del mundo. Por un lado, está JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos y el sexto del mundo con activos administrados por US$2,6 billones. En el caso, son los encargados de levantar los recursos de los inversionistas privados. Adicionalmente, desde agosto, Goldman Sachs fue contratado como asesor para complementar la estructuración de la transacción. Los documentos muestran a Robert Ehudin y a Lisandro Miguens como los representantes de Goldman Sachs y JP Morgan, respectivamente.
Según una fuente que conoce el proceso, la comisión fue negociada entre Avianca y los asesores y aprobada por el juez, por lo que se entiende que el acuerdo está en condiciones de mercado.
Efectivamente, LR revisó los documentos que llegaron a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el juez Martin Glenn lidera el proceso, y encontró que desde el 11 de agosto ambos bancos fueron presentados para que actúen como coordinadores principales y bookrunners conjuntos para el tramo A (ver gráfico). Incluso, el 19 de agosto, hay una orden en la que Glenn autoriza la contratación de ambas entidades y establece un reembolso de tarifas y gastos sujetos a un límite total de US$1 millón para cada uno.
Los asesores del Gobierno
Pasados 11 días del visto bueno del juez, el Gobierno y Avianca anunciaron el préstamo del Estado por US$370 millones. Este dinero se incluirá en el Tramo A de la deuda y tendrá prioridad sobre los otros compromisos que se han venido adquiriendo. Para este caso, el Gobierno tiene dos asesores, uno legal y otro financiero.
El primero es Arnold & Porter, una firma con experiencia en el Capítulo 11 y reestructuraciones, como los casos de US Airways y Delta. Desde el 30 de junio, en los archivos del caso, está la carta de presentación ante la Corte como asesores del Gobierno colombiano. Incluso, ya en ese momento se hablaba de la posibilidad de una financiación estatal a la aerolínea. La carta está firmada por Michael L. Bernstein, socio de la práctica de quiebras y reestructuraciones de la empresa. En el proceso, a nombre de esta compañía, también aparecen Michael Bernstein, Raúl Herrera y Charles Malloy.
“Lo que busca el Capítulo 11 a través del medio de financiamiento DIP es que la compañía siga operando y se proteja a los acreedores, por eso se renegocian las obligaciones de deuda”.
"Es una figura que le da el mayor valor de garantías a los inversionistas que entren a darle un préstamo a la compañía que esté en Capítulo 11 para rescatarla"
Esta compañía es con la que se firmó el contrato que se conoció esta semana, suscrito por el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, y Herrera para la asesoría sobre si era bueno o no financiar a la aerolínea. Las críticas no se han hecho esperar, pues el contrato se firmó un día antes del anuncio del préstamo del Gobierno. No obstante, llama la atención que desde el 30 de junio, esta empresa ya se presentaba ante la Corte como asesora.
Además, se encuentra contratado Perella Weinberg, expertos en procesos de Capítulo 11 como el de United o Delta. La firma fue contratada para brindar apoyo financiero. Según la misma fuente, estos asesores son pagados por Avianca, una práctica usual en los procesos de financiamiento DIP que exige que la empresa pague los asesores legales de los inversionistas. Esto se corrobora con las órdenes que se encuentran en la Corte y que autoriza a los deudores a pagar ciertos honorarios y gastos de profesionales contratados por el Gobierno.
Mientras avanza el proceso, ahora se está a la espera de la junta de acreedores que se hará el 21 de septiembre y el visto bueno del juez Glenn sobre el crédito del Gobierno, el negocio más grande que se haya hecho este año en el país.
Los dos tramos para la financiación
El mecanismo de financiación DIP está compuesto de dos tramos. En el Tramo A, la compañía espera levantar una suma de US$1.289 millones, incluyendo el apoyo del Gobierno colombiano. Acá se incluyen US$900 millones de nueva financiación y US$389 millones de deuda preexistente.
En el Tramo B, que está subordinado al anterior, la meta es de US$700 millones. En este caso, se obtendrían US$316 millones en nueva financiación y US$384 millones en deuda preexistente.
Ricardo Sandoval, analista de renta variable en Valores Bancolombia, explicó que está es una figura que le permite tener más garantías a los inversionistas que entren a darle un préstamos a la empresa. "Por los comentarios que se hicieron de parte del Ministerio de Hacienda, se entiende que ellos van a hacer parte del Tramo A y, de una u otra forma, tiene mayores garantías que los del Tramo B, porque este está subordinado", agregó el analista.
En otras palabras, según Sandoval, y a modo de ejemplo, si se da un escenario en el que Avianca complete su financiamiento, pero aun así entre en liquidación, los primeros que van a recibir el pago de deuda serán los acreedores del Tramo A (donde está el Gobierno colombiano). "Lo que quede es donde empiezan a pagarle a los demás acreedores".
Omar Suárez, gerente de renta variable de Casa de Bolsa, coincidió es que al final lo que se logra con el Capítulo 11 y este método de financiamiento DIP es que la compañía siga operando y se proteja a los acreedores, además de garantizar el pago de los gastos inmediatos de la aerolínea.
La asamblea extraordinaria se perfila como un espacio decisivo, para la toma de decisiones en la elección de asuntos corporativos
Javier Cuéllar, presidente del FNG, habló sobre el acceso al crédito de los micro negocios y las dificultades a las que se enfrentan
Otro movimiento importante de esta empresa se hizo a inicio de año, cuando se confirmó la unión entre Cementos Argos y Summit Materials
