Evasión y alta accidentalidad llevan a pérdida de $137.000 millones en el Soat

Son varias las problemáticas que los expertos han resaltado alrededor del Soat, que han llevado a que este seguro obligatorio esté "en la UCI y necesite de medidas urgentes de mediano y largo plazo para corregir esos problemas", según el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez.

ARTÍCULO RELACIONADO

Cerca de 47% de los vehículos no tiene Soat vigente y casi 80% de ese total son motos

Uno de los problemas que atraviesa este seguro es la evasión, que llega a 47% del parque automotor con corte al primer semestre del año, lo que quiere decir que 8,13 millones de los 17,55 millones del parque automotor no tienen el Soat vigente, de los cuales 79% son motocicletas (6,41 millones) y 11% automóviles (921.730).

Por departamentos, el Amazonas es el que registra los mayores indicadores de evasión del Soat, con 89%. Le siguen Arauca (82%), Chocó (82%), Putumayo (81%), Córdoba (79%) y Sucre (78%). Mientras que en Bogotá (27%), Cundinamarca (35%) y Risaralda (39%) se registran los niveles más bajos de evasión.

Por otro lado, está la problemática de las tarifas. El Gobierno Nacional es el que determina los precios del seguro para la vigencia anual, sin embargo, lo hace con base en la siniestralidad del año anterior. Según Gómez la accidentalidad este año es mayor al de 2021, por lo que "la tarifa no es suficiente".

Se suma que los motociclistas pagan por el seguro 3,7 veces menos de lo que corresponde según su accidentalidad, en cambio, los vehículos familiares pagan un seguro 9,5 veces más caro para cubrir ese subsidio.

Un tercer problema es el fraude. "Hay mafias que se aprovechan y que generan sobrecostos en la atención de los heridos. Esto ha sido reportado a los organismos del sistema judicial, con muy pocos resultados. Las denuncias ascienden a medio billón, de recursos de salud que están siendo cobrados al seguro obligatorio", dijo el presidente del gremio.

Entre los ejes centrales de la problemática está la accidentalidad vial, sobre todo en los casos de las motocicletas. A la fecha, se han registrado cerca de 471.000 heridos y para final de este año se espera que sean entre 900.000 y 940.000 heridos en las calles y carreteras del país, cuando antes de la pandemia esa cifra ascendía a 715.000 personas.

"Estamos en una explosión de la accidentalidad, que está concentrada en los usuarios de motocicletas. En 80% de los accidentes está vinculado un motociclista", dijo Gómez.

De hecho, este año, con corte a junio, se han emitido $1,61 billones en primas en este ramo de seguros, con una variación anual de 19,73%; mientras que se han pagado más de $1,1 billones en siniestros, con un aumento de 29,12%, con lo que se espera que este año se superen los $2,3 billones en pagos, mientras que el año pasado fueron cerca de $1,9 billones.

Se explicó que, unificando las motos y los vehículos, por cada $100 que recibe una compañía de seguros, paga $118 en siniestros del Soat. Pero en las motos la cifra es aún mayor, pues por cada $100 se pagan $258. "Ningún negocio puede operar con una lógica financiera de este estilo", dijo el líder gremial.

Las cifras apuntan a que, con este problema de fraude y dadas las cifras de accidentalidad, a junio de este año se estén perdiendo $137.000 millones en este ramo; y se estima que este año las pérdidas sean de $300.000 millones.

Se resaltó que con esta problemática el seguro no es viable y que algunas compañías podrían estar pensando en cerrar el ramo del Soat, pidiendo autorización ante la Superintendencia Financiera. Se calcula que si el seguro dejara de existir, el impacto sería de $8 billones en el Presupuesto General de la Nación.

Así, el presidente del gremio hizo un llamado para implementar ciertas soluciones a las problemáticas de este ramo, dentro de las que destacan establecer una mesa interinstitucional público privada para formular e implementar políticas públicas efectivas destinadas a disminuir la accidentalidad vial, el fraude y la evasión a este seguro; limitar el número de veces que se puede utilizar una misma póliza durante su vigencia; destinar una proporción de la contribución a la Adres para ayudar a cubrir la insuficiencia en la tarifa; acelerar la implementación de la Ley “Julián Esteban” que fortalece diversos aspectos de la seguridad vial; y fortalecer la gestión de las autoridades competentes para mitigar el fraude en los cobros a este seguro y reducir la evasión.