Hoy será el día definitivo para el proyecto de ‘borrón y cuenta nueva’ en el Congreso

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Esta tarde, la plenaria de la Cámara de Representantes debatirá por última vez el proyecto de habeas data en el sistema financiero, conocido como ‘borrón y cuenta nueva’, para aprobar o rechazar la iniciativa que tiene en vilo a los deudores del sistema financiero, a las centrales de riesgo y a las entidades crediticias.

El proyecto, liderado por el senador David Barguil y cuyo ponente en Cámara es César Lorduy, propone una única amnistía para las personas que salden las deudas en mora que tienen con bancos y otras compañías durante los próximos 12 meses y, además, para quienes ya lo hayan hecho con anterioridad a la expedición de la Ley, si es que el Congreso la aprueba.

El proyecto también busca reducir de cuatro a dos años el tiempo máximo en los que un reporte negativo puede quedar en el registro de un usuario del sistema. Otro punto que plantea es que la calificación crediticia de un ciudadano deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo, pues, actualmente, si una persona está en mora su calificación disminuye y, aunque pague, esta calificación no sube.

Así mismo, si la persona tiene una deuda menor a 15% del salario mínimo (menos de $131.670 en 2020), los bancos deberán notificarle al deudor dos veces antes de reportarlo para que tenga tiempo de pagar; y que la consulta de información crediticia sea gratuita en todos los canales. Para los ponentes del proyecto, la medida beneficiará a los deudores del sistema y les dará una nueva oportunidad para que puedan acceder a financiación en medio y después de esta crisis económica.

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Sin embargo, la Asociación de Bancos y Entidades Financieras (Asobancaria), la central de riesgos Datacrédito Experian y 26 de los 27 gremios económicos agrupados en el Consejo Gremial Nacional (CGN), entre los que se destacan la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Confederación de Cámaras de Comercio (Confecámaras) rechazaron el proyecto y les pidieron al Congreso no aprobarlo porque se limitaría el acceso al crédito y se incentivaría el ‘gota a gota’.

“Se contraería y encarecería la colocación de créditos y la prestación de bienes y servicios, impidiendo que muchos ciudadanos y pequeñas empresas accedan al crédito formal, pues no contarían con suficientes garantías”, dijo el CGN.