Inclusión financiera: un propósito de todos

En los últimos cuatro años, casi cinco millones de personas, que antes no tenían acceso, se vincularon al sistema financiero, al pasar de 16,8 millones de colombianos con algún producto financiero en diciembre de 2008, a cerca de 22 millones al término de 2012.

En términos de aumento de cobertura se resalta la expansión de los corresponsales bancarios, los cuales alcanzaron 33.419 agentes al término del año pasado; la colocación de 35.000 nuevos datáfonos, para un total de 219.907; la instalación de 1.400 nuevos cajeros automáticos para un total de 12.300 disponibles y la apertura de 181 nuevas oficinas bancarias. En términos transaccionales, en el país es cada vez mayor el número de movimientos y transferencias de dinero que se realizan a través de internet y banca móvil.

Los resultados señalados permiten, a diferencia de lo ocurrido en el pasado reciente, dar un parte de victoria, al ser evidente que la banca privada colombiana en la actualidad cuenta con un enorme potencial para convertirse en la mejor aliada del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales en lo que se refiere a pagos, los cuales es previsible que migren progresivamente del efectivo y el cheque a ser realizados por medios electrónicos.

La preferencia por el uso del efectivo impacta de manera negativa el recaudo tributario, facilita la proliferación de actividades ilegales e informales y se constituye en un mecanismo más riesgoso y menos eficiente de pago; de ahí que resulte costoso en grado sumo para la economía. Por lo tanto, la invitación es a construir una política de Estado en contra del efectivo y a favor de los medios de pago electrónicos, que faciliten la mayor transaccionalidad e introduzcan transparencia a la economía. En este sentido, la banca está convencida de que es el mejor aliado del Gobierno y del Congreso, para lograr este objetivo.

Quienes afirman que la inclusión sería mayor, si los costos de los servicios financieros fueran menores, usualmente hacen caso omiso, de manera contradictoria, de los costos que la regulación impone a la intermediación financiera, con ejemplos tan egregios como el 4 x mil o los controles a las tasas de interés, y abogan por medidas que terminan encareciendo aún más esos servicios, ya sea porque hacen más difícil su provisión, o porque, al controlar los precios, limitan la competencia que podría terminar redundando en mejores tarifas para el público.

La banca considera que el camino más apropiado es poner en vigencia medidas positivas y no negativas que, en lugar de establecer restricciones, generen incentivos para que el consumidor financiero utilice los medios electrónicos de pago; los establecimientos de crédito continúen generando productos acordes con las necesidades de la población y el comercio los acepte, de manera que se puedan masificar productos diseñados por el sistema financiero en función de un proceso de inclusión más efectivo para el país.