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La promesa incumplida a las más de 1.250 personas, a quienes le aseguraron que invertir en el Fondo Premium era seguro ya que los recursos iban a dar a distintos países, se convirtió para estos, en un dolor de cabeza cuando se dieron cuenta que en realidad esos dineros no salieron de Colombia y fueron usados para que directivos de Interbolsa se hicieran auto préstamos o compraran acciones para especular con Fabricato.
Pero detrás de todo hay presuntamente un conflicto de intereses. En la etapa de investigación, acontecida la intervención de Interbolsa e iniciada la reorganización de la holding a mediados de noviembre de 2012, la Superintendencia de Sociedades informó de la existencia de un grupo de empresas domiciliadas en diferentes jurisdicciones cuya matriz operaba en Curazao y contaba con filiales en Colombia. Se trata de este mismo Fondo.
Según la información suministrada en ese entonces estas empresas tendrían vinculaciones con Interbolsa y sus accionistas, particularmente Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, lo cual había sido negado enfáticamente por los responsables.
Sin embargo, Rachid Maluff, excodirector y gestor del Fondo, le aseguró a la Supersociedades que para el año 2012 los negocios del Fondo se seguían haciendo con el visto bueno de Juan Carlos Ortiz.
Maluff manifestó que “en el año de 2012 aunque Juan Carlos Ortiz ya no estaba tan involucrado en la administración del fondo, él si me dio instrucción y lo hizo en una reunión con Tomás Jaramillo y Juan Andrés Tirado que yo les comunicara lo que estaba haciendo en el fondo. Realmente en 2012 fue muy poco lo que hizo el fondo porque ya no tenía liquidez”.
Entre tanto, la juez 6 penal del circuito rechazó la tutela interpuesta por Jaime Granados, representante del Fondo Premium, donde se solicitaba que se reconociera a la entidad como víctima del grupo Interbolsa.
Lo mismo consideraba la Fiscalía que, en la audiencia de imputación contra 17 de los primeros implicados, también pidió que se excluyera del listado de víctimas a los liquidadores de la comisionista y del grupo económico.
Entre tanto, existe una división entre Granados y otros defensores de las víctimas del Fondo como Sergio Rodríguez y Juan David Riveros, pues estos rechazan que Eric Anderson, quien fuera gerente del Fondo, a quien Granados representa, pretenda ser víctima, pues consideran que parte de la responsabilidad en la catástrofe del Fondo Premium está en las indebidas gestiones de Anderson. Por lo cual en diciembre presentaron una denuncia penal por una serie de delitos y de ser hallado culpable, Granados no podría representar a las víctimas del Fondo por conflictos de intereses.
La opinión
Jaime Granados
Abogado penalista
“Hemos presentado a las autoridades las pruebas para encontrar a los responsables de las operaciones del fondo”.
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