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Gonzalo Corredor, el presidente de aso CDA, aseguró que la ley es inconstitucional y acabaría con el sector de revisión técnico mecánica
El Congreso de la República sancionó una nueva ley en la que los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) deberán adquirir un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular. Sin embargo, dicha medida pondría en riesgo la sostenibilidad del negocio.
Gonzalo Corredor, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor (Aso CDA), aseguró que esta ley es inapropiada e inaplicable. “No tenemos lo recursos para cumplir”.
Lo deberán tomar con una entidad aseguradora legalmente establecida en Colombia y amparará los daños materiales causados por terceros.
Según el Artículo 6 parágrafo 2 de la Ley 2283 de 2023, el valor asegurado debe ser de mínimo 15 salarios mínimos legales mensuales para vehículos de servicio particular y siete smlmv para motocicletas y similares.
Con esta información, los CDA realizaron una aproximación de lo que podría costar el seguro para motos, carros livianos y pesados. Concluyeron que el nuevo seguro generaría costo de $59.999 por cada moto y de $89.200 por cada carro.
Estas cifras representaría un déficit de $26.555 por moto, $36.397 por carro liviano y $3.570 por carro pesado.
Este déficit se provoca porque, tal como lo explicó Corredor, las tarifas que presentan los CDA son reguladas. “Tienen un piso y un techo, no se podría sumar el valor al costo de la revisión”. Razón por la cual están pidiendo una reunión con el Ministerio de Transporte para revisar la estructura de costos de la canasta tarifaria.
“Si el Gobierno quiere dar esa póliza para todos lo vehículos sin costo alguno, debe subsidiarla o que reformen la estructura de costos y se incremente”, agregó. Un aumento en el precio llevaría a que la evasión de la revisión técnico mecánica aumentara significativamente. Según cifras del Runt, de los 13,6 millones de vehículos que deben cumplir con esta obligación solo 5,6 millones la tienen vigente y, por tanto, la evasión es de por lo menos 58,8%.
“Con un costo superior, la evasión va a crecer. Es por esto que no se le puede cobrar al propietario un valor mayor, no sería conveniente y además no existe el mecanismo para poderlo transferir”, dijo Corredor.
“Esto tendrá un impacto en la rentabilidad de los CDA, puesto que ellos asumirán los costos del seguro y muy posiblemente se transferirán a los precios de las revisiones técnico mecánicas, puesto que estos sobre costos podrían trasladarse al usuario”, aseguró José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional.
Wilson Triana, experto y consultor de banca y seguros, dijo que “el hecho de poner la emisión a cargo de los CDA garantiza la asegurabilidad de la totalidad de los vehículos que realicen la revisión obligatoria”.
La razón por la cual el Gobierno radica esta ley es para dar una solución a los choques simples que causan trancones y conflictos en las vías, dicen los expertos. “De igual forma aporta a la trazabilidad de la causa de los choques, porque se examina si las colisiones fueron por causas técnico mecánicas, es aquí donde hay una zona gris, porque las colisiones pueden ser por descuidos o distracciones del conductor y no por estas razones”, agregó Stalin.
Respecto a esto, Corredor dijo que no es la responsabilidad de los centros el cómo conducen los conductores y aseguró que esta ley lo que provocará es el colapso del sistema. “Se acabaría con la revisión técnico mecánica, atentando contra la seguridad vial de nuestro país”.
Finalmente, Corredor confirmó la intención de demandar esta Ley por ser inconstitucional. “Estamos buscando el pull de abogados para entrar a demandar. El proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes no incorporaba este artículo sexto ni el parágrafo segundo. Aparecen a última hora, no hay posibilidad de que se pueda aplicar y lo único que haría sería acabar con el sector”, concluyó.
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