Proponen holding para que Estado enajene participación en empresas

Entre las 50 recomendaciones que presentó al Gobierno la Misión de Mercado de Capitales, sobresale un capítulo especial para el manejo de los activos públicos, destacando que es el Estado el principal ente llamado a comprometerse con el mercado.

Con este objetivo, la Comisión apuntó a las participaciones accionarias que tiene el Estado, que de acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda, suman $170 billones en 105 empresas.

Así la propuesta de la Comisión va en dos frentes amplios: primero, la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Públicas y segundo, la diferenciación en los procesos de enajenación.

La holding del Estado

Sobre la Agencia, el documento explicó que esta estaría adscrita al Ministerio de Hacienda y actuaría como una holding de inversiones del Estado.

Entre sus objetivos estarían “mejorar las prácticas de gobierno corporativo”, “revisar los procesos de financiamiento de las empresas estatales” y “participar en el desarrollo del mercado de capitales por la vía de emisiones que alimenten la oferta de activos”.

Rodrigo Galarza, asesor legal de la Misión, explicó que la creación del holding tendría en mira mejores prácticas de gobierno corporativo y que “la idea es que los inversionistas cuenten con más información y esto ayude a agilizar los procesos de emisión y colocación”.

En la entrega de los resultados de la Misión, el presidente Iván Duque y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, destacaron que desde julio están liderando un proyecto para unir en un holding a algunas de las 17 empresas financieras en las que participa el Estado. El Ministro precisó que ahora se debe estructurado para luego enlistarse en la Bolsa de Valores de Colombia, mientras el presidente subrayó que la acción va en línea con las recomendaciones de la Misión.

La sugerencia de la Comisión abarca el total de empresas en donde tiene participación la Nación, sea cual sea el sector, por lo que es importante revisar que en 39 de ellas participa de forma mayoritaria y en 66 tiene participación minoritaria.

El holding propuesto sería clave para decidir cuándo y cómo hacer tanto emisiones en el mercado, como enajenaciones; teniendo en cuenta los anuncios recientes de posibles ventas de una parte de la participación del Estado en firmas como Ecopetrol, ISA y Colombia Telecomunicaciones.

Enajenación más ágil

La Misión propone cambios a la Ley 226 de 1993, un proceso que según Diego Jara, coordinador de la Misión, está entre aquellos que podrían darse por vía de algunos decretos “o ampliando la ley para una interpretación más correcta”.

Aquí resaltan la necesidad de diferenciar enajenaciones en mercados privados de las del mercado de capitales, específicamente las que haga el Estado, con base en estándares internacionales.

Una de estas diferencias, sería en reducir el tiempo del proceso actual, en el que el Estado debe dirigir la primera etapa al sector solidario (asociaciones mutuales, cooperativas, fondos de empleados y fundaciones).

Según reza el documento, la idea es que esta primera etapa no pueda tener una duración mayor a dos meses “de manera que se puedan acortar proporcionalmente las demás etapas del proceso”, pues según comentó Roberto Rigobón, director de la Misión, “muchas veces se pueden demorar hasta medio año y se declaran desiertas al final”.

En beneficio, la recomendación plantea que en esta etapa se puedan ofrecer la misma cantidad de acciones que para el resto del mercado, pero a un precio similar, y que en caso de darse un beneficio al sector solidario “el eventual descuento debe ser mínimo para que no conduzca a un menoscabo del patrimonio público”.

Y es que la formulación de precios fue uno de los detalles en los que más se centró este aparte del entregable, pues la ley actual dice que “la Nación debe fijar la cantidad a enajenar como el precio mínimo de venta sin conocer cuál es la demanda efectiva y el valor que el mercado está dispuesto a pagar”, según detallan los expertos.

Frente a este aspecto, proponen que la Nación pueda hacer antes un libro de ofertas que refleje tanto el interés de los potenciales inversionistas (incluido el sector solidario) como el precio que el mercado está dispuesto a pagar por el activo.

Sobre esto, Jara resaltó que las propuestas no son efectivas si son aisladas, por lo que generar apetito depende de un tercer factor y es que se eliminen algunas condiciones sobre el detrimento patrimonial en manejo de recursos públicos. “Con esto los administradores podrían invertir teniendo en cuenta sus propios riesgos y no las ataduras existentes que en apariencia protegen”, concluyó.