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Para Asobancaria, la eliminación de esta comisión haría que menos bancos quieran hacer la dispersión de las ayudas, lo que perjudicaría la inclusión
El proyecto de Ley 164 de 2020 pretende la exoneración de costos operativos financieros para las transferencias monetarias no condicionadas, es decir, las transferencias de subsidios de programas como Ingreso Solidario, la compensación del IVA, Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción.
Según el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, quien radicó el proyecto, “las entidades bancarias le cobran al Gobierno alrededor de $2.000 (precio promedio, cada entidad maneja una tarifa diferente) por giro y han generado ganancias ocasionales por más de $5.000 millones, el año pasado, y este año van por los $3.500 millones”.
Los costos transaccionales no salen del bolsillo de los beneficiarios de los auxilios, el Gobierno Nacional cubre dichos gastos.
“Esos $5.000 millones que se ganan los bancos sirven para más subsidios. Estos recursos serán destinados a la inversión en materia social, educación, salud, y en general, a las necesidades de todos los colombianos”, agregó el senador.
El proyecto fue aprobado en junio por unanimidad en el Senado de la República y entra a debate en la Cámara de Representantes. Sin embargo, la banca no está de acuerdo con lo estipulado en el documento.
“Las afectaciones de esta medida serían para la política pública. La dispersión de subsidios conlleva costos para quien la realice y es normal que se reconozcan. Si las empresas que hoy llevan las ayudas a los colombianos más vulnerables no pueden cubrir los costos de esa actividad, van a ser muchos menos los jugadores que estén dispuestos a participar en la dispersión”, explicó Hernando José Gómez, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).
En una entrevista con Blu Radio, Gómez Amín destacó que de no ser posible lograr la gratuidad de este servicio, el proyecto pretende fijar una tarifa única que ronde los $1.500, ya que hay instituciones bancarias que cobran comisiones hasta de $16.000 por este tipo de transferencias.
“Si no se hace ese reconocimiento de los costos, habría una cobertura menor y retrocederíamos en la bancarización, en el uso efectivo de productos financieros y en la formalización de las finanzas públicas”.
“También quiero apuntar que con el uso de la tecnología se vienen reduciendo los costos de dispersión, incluso para los giros de Ingreso Solidario los bancos cobran tan solo $1.000 por cada consignación a los que ya son sus clientes y, si se bancarizan, tan solo $1.900 por una sola vez”, añadió el líder del gremio de las entidades bancarias.
Los bancos son entidades privadas, con excepción del Banco Agrario, por lo que el Gobierno no puede exigir la prestación de un servicio de forma gratuita. De llegar a ser aprobado el proyecto, según Hernando José Gómez, muchas compañías del sector podrían dejar de distribuir las ayudas del Estado, lo que afectaría directamente al beneficiario, que tendría menos opciones para recibir su dinero y tampoco tendría la necesidad de bancarizarse, algo indispensable para el historial crediticio de los usuarios.
“Al final, si no se hace ese reconocimiento de los costos, habría una cobertura menor a la que hay hoy y retrocederíamos en la bancarización, el uso efectivo de productos financieros, la formalización y la racionalidad de las finanzas públicas”, concluyó el presidente de Asobancaria.
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