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¿Qué hay tras idea de inversión forzada en el sistema financiero privado colombiano?
César Ferrari, Superintendente financiero, se pronunció frente a la idea del presidente y manifestó que esta es apenas una propuesta
En medio de su discurso del día del trabajador en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente Gustavo Petro dio importantes declaraciones, como el cese de las relaciones con Israel y la propuesta de una ley de inversión forzosa.
“Prometí que íbamos a presentar las medidas al Congreso de la República para reactivar la economía que van a consistir, de una vez lo digo, en proyectos de ley que generen una inversión forzosa en el sistema financiero privado colombiano con destino a créditos a la pequeña, mediana y gran industria de agricultura y turismo en Colombia para reactivar el país”, dijo Petro.
Pero, ¿en qué consiste esta iniciativa y por qué generó opiniones divididas?
Según analistas, la inversión forzosa es una política económica que implementan los gobierno para estimular la inversión en ciertos sectores específicos de la economía. Bajo este esquema, las empresas están obligados a destinar una parte de sus recursos financieros a inversiones en proyectos designados por el Gobierno.
Ante la propuesta, el superintendente financiero, César Ferrari, dijo que el tema “debe mirarse con cuidado, es una propuesta, no una ley. Todos los bancos desde hace 30 años hacen inversiones forzosas”, además añadió que hay entidades que no saben y no tienen la experiencia para hacer el desarrollo financiero en la agricultura, por consiguiente entregan unos cupos y acaban financiando al Banco Agrario, “que sí sabe cómo hacer ese financiamiento”.
El comentario durante el discurso del presidente quedó en el aire, pero captó la atención de empresas e inversionistas. Esto debido a que se prevé que el gobierno le pida a las empresas sacar parte de sus ingresos o utilidades para que sean destinados en inversiones propuestas por el Gobierno Nacional.
La propuesta buscará promover a las Pyme que se mueven principalmente por microcréditos, los cuales, según el último informe del sistema financiero, se encuentra con una cartera bruta de $18,7 billones y una cartera vencida de $1,8 millones.
Expertos aseguran que esta nueva iniciativa podría significar una oportunidad para varios sectores económicos y empresas.
“Se puede traducir en la generación de nuevas modalidades de crédito para los sectores de la economía que menciona, como agricultura y turismo, para la pequeña y mediana empresa, con reducción del costo financiero, quebrando las tasas actuales. Esto se logra con la participación del Gobierno Nacional, similar a los créditos de fomento, el Gobierno se hace partícipe con puntos porcentuales que se deducen de la tasa de interés en beneficio del productor o agricultor”, dijo Wilson Triana, experto y consultor en banca y seguros.
Por otro lado Juan Pablo Vieira, fundador de JP Tactical Trading, dijo “todo lo que sea forzoso y obligado atenta contra el libre mercado y la confianza inversionista. Son señales muy delicadas que están encendiendo las alarmas en los inversionistas”.
Además, el experto añadió que una ley de inversiones forzosas, puede connotar un tema de represión financiera que al obligar a realizar inversiones no generaría las rentabilidades deseadas, seguras o atractivas, como en el libre mercado. “Atenta contra el rendimiento de los inversionistas”.
Y es que, una respuesta que se puede tener por parte de los inversionistas es “miedo”, así lo cuenta Sebastián Toro, analista financiero y fundador de Arena Alfa, “eso genera mucho miedo, y lo que hace la gente es empezar a proteger el capital, a sacarlo del país, a invertir en otras partes. Entonces, cuando te dicen inversión forzosa, lo primero que genera es salida de inversión del país, porque a nadie le gusta que le digan qué hacer con su dinero”.
Sin embargo, las inversiones forzadas no son nuevas, ya se vienen usando desde hace 30 años en los bancos, tal como lo manifestó Ferrari en una rueda de prensa.
La obligatoriedad de destinar al menos 1% de la inversión tuvo su inicio en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. Esta disposición estableció dicha inversión como una alternativa para mejorar el control y la regulación del agua, así como una fuente de financiamiento para la gestión adecuada de este recurso.
Pero aunque es algo que ha pasado antes en algunos sectores del país, la incertidumbre se mantiene del lado de los inversionistas.
“Tendremos que estar muy atentos a que esbocen mejor la propuesta, pero desde que sea algo forzoso no es para nada bueno, si no tiene un fin común muy bien determinado y sustentado”, concluyó Vieira.
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