¿Qué tan conveniente es que los fondos de pensiones inviertan en infraestructura?

El sistema pensional y su funcionamiento se ha situado nuevamente en el centro de la discusión pública, esta vez por cuenta de la inversión de $4,5 billones que anunciaron los fondos de pensiones en infraestructura. La decisión fue comunicada de manera conjunta entre el presidente de la República, Iván Duque, y la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos).

El tema generó controversia debido a que, desde hace semanas, se viene discutiendo una propuesta del candidato a la Presidencia, Gustavo Petro, que pretende usar el dinero que se encuentra administrado por las AFP para pagar una parte de las mesadas de los jubilados. Dicho anuncio pareciera respaldar esta idea; sin embargo, hay que analizar al panorama a detalle, pues en un caso la inversión generaría rentabilidades y, en el otro, representaría un gasto.

Como punto de partida, es necesario tener en cuenta que, actualmente, existen normas que controlan y limitan las inversiones que realizan los fondos con los ahorros de los cotizantes contenidas en el Decreto 2555 de 2010.

Allí se establece que, entre los elementos relevantes a evaluar se encuentran la necesidad de que la suma de las participaciones de los fondos administrados por la AFP, la misma entidad y sus vinculados, sea menor a 50% del valor del patrimonio del fondo de capital privado, entendido como el valor total que se pretende destinar a proyectos de este tipo.

Así mismo, cuando se trate de fondos de capital privado que destinen al menos dos terceras partes de los aportes de sus inversionistas a financiar proyectos de infraestructura, se deben cumplir requisitos como la participación de bancos en el mismo desarrollo.

¿Cómo se determina en qué invertir?

Cada inversión que se realiza en los fondos de pensiones depende de cada fondo, ya se el de perfil moderado, conservador o de mayor riesgo. Según Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, “se eligen las inversiones que más beneficien a los trabajadores, que son los dueños de los dineros depositados en los fondos. Para ellos, equipos de inversionistas profesionales estudian el riesgo y la rentabilidad que ofrece cada opción”.

De hecho, el mismo decreto 2555 de 2010 establece al inicio de su Título 12 que los portafolios de corto y largo plazo deben estar respaldados por activos que cuenten con la rentabilidad y liquidez necesaria para no afectar el ahorro de los trabajadores, valiéndose así de instrumentos de inversión como títulos de deuda pública, renta variable, bonos, Fondos de Inversión Colectiva (FIC), entre otros.

“Este tipo de inversión ya se ha hecho en el pasado, con lo cual se ha demostrado que generan una rentabilidad cercana a 7% por encima de la inflación, especialmente porque están pensadas en el largo plazo y moneda local. De hecho, países con unos sistemas de inversión mucho más desarrollados como Canadá y Holanda invierten en infraestructura”, explicó Jorge Llano, ex vicepresidente técnico de Asofondos.

Al respecto, Mauricio Olivera, director de Econometría y expresidente de Colpensiones, agregó que “este es un tema aceptable y que está bien en la medida en que los fondos se metan a proyectos que sean rentables y que no pongan en riesgo los ahorros de los cotizantes. Entro el tema en un momento muy complejo y la gente quedó muy confundida”.

¿Cómo se realiza esta inversión?

Para que los $4,5 billones que destinarán los fondos de pensiones a infraestructura lleguen a los proyectos de cuarta generación existen tres opciones. La primera y más segura, es la emisión de deuda pública, lo cual requiere que las concesiones se encuentren prácticamente terminada, reduciendo así el riesgo y obteniendo una rentabilidad menor.

Otra de las opciones es a través de un Fondo de Capital Privado (FCP) especializado en dicho sector, el cual suele estar compuesto por varios inversionistas y se encarga de gestionar adecuadamente los recursos, de tal forma que dicho dinero vaya a parar a proyectos que realmente son rentables. Allí, aunque sigue siendo bajo, el riesgo es latente si se tiene en cuenta que las obras que se vayan a desarrollar con estos recursos pueden no llegar a feliz término o sufrir imprevistos que terminen afectando el capital de los trabajadores.

Finalmente, otra posibilidad es la inversión a través de acciones de los involucrados en las obras de infraestructura; no obstante, esta es una opción indirecta para participar en este tipo de desarrollos.

“Es muy importante tener en cuenta que, ni el Gobierno ni las AFP, escogen los proyectos en los cuales se invierten. Este mecanismo funciona a través de grandes administradores como BlackRock, que son quienes deciden a dónde va a parar el capital que destinan los fondos a este objetivo y que son conocidos como los fondos de deuda de infraestructura”, agregó Llano.

¿En qué se diferencia esta decisión de la propuesta de Gustavo Petro?

Mucho se ha dicho entorno a la similitud entre acordar una inversión de cierto porcentaje del ahorro de los trabajadores para obras de infraestructura, y la propuesta del candidato Gustavo Petro de usar ese mismo dinero para pagar “media pensión a tres millones de mayores y mayoras sin pensión y elevar el pago a los actuales jubilados de acuerdo al salario mínimo”.

Sin embargo, son dos caras de una misma moneda. Por un lado, los $4,5 billones que se emplearán en desarrollar la infraestructura, generarán una rentabilidad que beneficiará las cuentas de los afiliados a los fondos de pensiones, porcentaje que dependerá del tipo de vehículo que se emplee para ello, como se explicó anteriormente.

En contraparte, usar los recursos para pagar pensiones de quienes ya se pensionaron representan un gasto, que no genera retornos ni beneficios para los actuales cotizantes, y que deja un hueco en las cuentas individuales de cada trabajador.

“Una cosa es la inversión y otra el gasto social. La primera involucra unos ahorros que yo puse de los cuales me tienen que dar un retorno para mejorar mi pensión, lo cual se diferencia de la segunda opción debido a que no me genera un beneficio económico, pese a que si disminuiría la pobreza”, aseguró Mauricio Olivera, director de Econometría y expresidente de Colpensiones.

Aun así, Ricardo Bonilla, asesor económico de Petro, aseguró a Bloomberg que “el plan pensional de Petro implica lograr que todos los trabajadores contribuyan al sistema público, que las personas que tengan ingresos mensuales superiores a cuatro veces el salario mínimo puedan hacer contribuciones adicionales al sistema privado si así lo desean. Una expropiación de los activos de pensiones privadas como sucedió en Argentina en 2008 puede ser descartada”.