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El proyecto de ley no establece una temporalidad para cambiarse de régimen. La iniciativa llevaría a un aumento del pasivo pensional
Hoy se discutirá en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 018 de 2021, documento que retoma una iniciativa que ya había sido tumbada en octubre del año pasado y que pretendía el traslado express de afiliados de fondos de pensiones privadas a Colpensiones, o viceversa. En ese entonces, el ministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, aseguró que el costo fiscal de esta medida era de más de $26 billones.
Este proyecto argumenta la inclusión de dicho artículo basado en, según se lee en el documento, el “restablecimiento de los derechos afectados a un grupo significativo de los sectores sociales más vulnerables al omitirse la obligación constitucional de brindarles la doble asesoría previa a la decisión de afiliación o traslado entre regímenes pensionales”.
La propuesta establece unos parámetros mínimos como que los hombres deben ser mayores de 52 años y las mujeres mayores de 47 años, sumado a una cotización mínima de 750 semanas. Sin embargo, no especifica por cuánto tiempo podría llevarse a cabo este proceso y lo ampara en la frase “por un breve lapso”, especialmente para aquellos casos que se vienen tramitando vía judicial.
Jorge Llano, ex vicepresidente técnico de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), aseguró que “el sistema pensional tiene tres grandes retos: cobertura, equidad y sostenibilidad. Este proyecto es tan desastroso que logra afectar negativamente esos tres objetivos. En equidad es el más claro. La gente de altos ingresos que no se pasó a tiempo, ahora se pasará para buscar un subsidio en Colpensiones y, claro, eso le va a costar mucho más al Estado; es decir, nos gastaremos más plata, pero en la gente de mayores ingresos”.
El Presupuesto General de la Nación de este año, que suma $313,9 billones, destinó $43,4 billones al pago de las mesadas pensionales. Según el proyecto que cursa en la Cámara de Representantes , para 2022 se contemplan $49,56 billones para este mismo rubro, lo cual representaría un incremento de 19,6%.
Para Juan Alberto Londoño, exministro de Hacienda, “es terrible permitir todos esos traslados, se trata de dar más subsidios y pensiones a las personas de más recursos. Un hombre de 60 años que esté ganado $6 millones ya no se podría trasladar y su pensión sería máximo de $2 millones, pero si se pasa al régimen público, su pensión podría ser de $4,5 millones”.
Se prevé que este proyecto lleve a que el pasivo pensional aumente cerca de $45,9 billones, afectando la rentabilidad del sistema e implicando un esfuerzo fiscal mayor, que, según expertos, deberán pagar las próximas generaciones.
Una reforma debería mejorar la cobertura
Contrario al proyecto que prevé abrir la ventana a un traslado de facto, el sistema necesitaría una reforma que mejore la cobertura, junto con sistemas más equitativos y con mayor ahorro. Para Jorge Llano, ex vicepresidente técnico de Asofondos, “esto se logra eliminando subsidios a quienes tienen mayores ingresos. Esa plata que nos ahorramos ahí la deberíamos destinar a la gente más vulnerable para darle una vejez segura y tranquila. Adicionalmente, puede haber un efecto importante en el mercado de capitales gracias a que ese traslado implicaría vender activos para entregárselos al Gobierno, afectando el ahorro a largo plazo”.
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