Traslados express a Colpensiones costarían $35 billones y afectarían finanzas públicas

El Ministerio de Hacienda emitió un concepto técnico sobre el proyecto de ley 018 de 2021, el cual busca retomar una iniciativa que ya había sido tumbada en octubre del año pasado y que pretendía el traslado express de afiliados de fondos de pensiones privadas a Colpensiones, o viceversa. Según la cartera, "el traslado entre regímenes pensionales sin el cumplimiento de ningún requisito legislativo afecta la sostenibilidad financiera, no solamente del Régimen de Prima Media (RPM), sino de todo el Sistema General de Pensiones (SGP), poniendo en aprietos serios su sostenibilidad".

Para el ministerio, las personas que se trasladan entre regímenes con requisitos cercanos a los determinados para acceder a la pensión buscan arbitrar el sistema para obtener los subsidios implícitos del RPM que le beneficiarán con el reconocimiento de pensiones más altas de las que podrían haber obtenido en el régimen anterior.

El traslado de los afiliados tendría un costo cercano a $35 billones hasta el 2070. Se trasladarían desde las AFP hacia Colpensiones 223.000 personas, de las cuales se estima que 59% logra pensionarse, y que se trasladan hacía Colpensiones con cerca de $29,4 billones que han acumulado en sus cuentas de ahorro individual (CAI), incluyendo los correspondientes aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y que además implican la anulación neta de bonos pensionales por valor de $9,9 billones. Quienes se trasladan generan un costo en valor presente para la Nación por valor de $74.3 billones, que incluye pensiones e indemnizaciones sustitutivas.

"El impacto fiscal está altamente concentrado en los rangos salariales más altos, como resultado de los mayores subsidios que estos grupos reciben y de la mayor probabilidad de pensionarse que presentan en este escenario. En particular, el impacto fiscal en el grupo de menores ingresos, el que va de uno a dos salarios mínimos, es de $0,8 billones, lo que representa menos de 2,3% del impacto fiscal total estimado y corresponde al 51,8% de las personas", dice el concepto emitido.

Se proyecta que desde Colpensiones, como administradora principal del RPM hacia las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del Rais se trasladarían 14,1 mil personas que se concentrarían en el nivel de aportes de un salario mínimo, por lo cual se presenta un costo fiscal por efecto de la expedición de nuevos bonos pensionales por valor cercano a $2 billones.

Una de las principales consecuencias de estos flujos que implican un impacto fiscal, es que la tasa interna de retorno (TIR) del impacto fiscal es negativa, con un nivel de -12,58% nominal en la proyección, o un equivalente real de -9,30%.

Estos niveles contrastan con las tasas de los TES, que constituyen una de las principales fuentes de financiación del déficit de la Nación. A manera de comparación, la tasa fija de los TES UVR de largo plazo es de 3,75% por encima del Índice de Precios del Consumidor.

Según retoma la carta, en su momento, la Corte Constitucional señaló que se hacía necesario para quien regresara al RPM trasladar, no solo todo lo cotizado al Rais, sino que el monto de lo ahorrado no debía ser inferior a lo que se habría cotizado en caso de haber permanecido en el RPM, esto con el fin de garantizar al equilibrio financiero del SGP, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, todo el tiempo acumulado en el Rais deberá ser computado en el RPM para el reconocimiento de la respectiva pensión de vejez.

Este proyecto de Ley trae consigo costos asociados a los subsidios que otorga el RPM a las personas de más altos ingresos, así como para las personas que realizan el traslado del RPM al Rais, situación que implica la expedición de un bono pensional.

Con base en la información aportada por la Superintendencia Financiera de Colombia y por Colpensiones con corte a 2013, 2018 y 2019, se estimó que los potenciales individuos que estarían cobijados por esta propuesta ascenderían a 478.847 en el Rais y 1,04 millones en el RPM que tienen al menos 750 semanas cotizadas.

El Ministerio de Hacienda cierra asegurando que ante un posible aumento de gasto, la iniciativa afectaría las finanzas de la Nación, pues generaría costos fiscales que no se encuentran previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el Marco de Gasto de los Sectores involucrados.

"Además, de acuerdo con el artículo siete de la Ley 819 de 2003, el proyecto de ley debe hacer explícita su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y debe incluir expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas, los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el respectivo financiamiento. Sin embargo, no se observa el cumplimiento de estos requisitos", concluye.