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Estos instrumentos fueron empleados en Latinoamérica durante las décadas anteriores a los años 90 y generaron represión financiera
El anunció sobre las inversiones forzosas del presidente Gustavo Petro sigue causando opiniones encontradas entre los sectores y el Gobierno. De hecho, ayer se conoció que la banca realizó un 'Gran Pacto por el Crédito', pues aseguraron que el sector financiero aún se encuentra en un periodo de ajuste con rentabilidad limitada y caída de la cartera.
Estos instrumentos, que formaban parte de un conjunto de políticas que generaban represión financiera, fueron empleados en Latinoamérica durante las décadas anteriores a los años 90.
En el siglo XX, explicó el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, ocho países de la región implementaron 15 mecanismos que obligaban a destinar una parte de los depósitos de los ahorradores a créditos de fomento. Sin embargo, con el proceso de liberalización financiera en la región, estos instrumentos comenzaron a desaparecer. Entre los países que las implementaron fueron Brasil, Argentina, Honduras, Costa Rica, Bolivia y Venezuela. No obstante, actualmente solo las mantienen Venezuela y Bolivia.
"En Argentina, Brasil y Turquía hubo unos colapsos financieros que sacudieron a las bolsas y a la economía de esos países, pero son medidas populistas que son contrarias al crecimiento económico y a la sostenibilidad financiera porque inducen a malgastar lo que existe y que no es del Gobierno porque son dineros de propiedad los aportantes", explicó Luis Alberto Villamarín, Analista Político.
En Colombia, las inversiones forzosas también se implementaron a partir de la reforma financiera de 1951, llegando a representar aproximadamente 25% de los depósitos. No obstante, con base en la evidencia empírica que mostraba que estas inversiones encarecían el crédito para otros sectores y dificultaban la libre competencia, la asignación eficiente del crédito, la adecuada gestión de riesgos y la optimización de portafolios, las autoridades decidieron desmantelar la mayoría de estos instrumentos en los años noventa, siguiendo la tendencia de la región.
No obstante, José Ignacio Lopez, presidente de Anif, aseguró que en ningún país desarrollado existe. "El término en anglosajón es bien desconocido, es una política que ha caido, la evidencia es que no funciona y por tanto se ha venido desmontando", explicó.
Malagón indicó a LR que Asobancaria ha sido reiterativa respecto a que, “si bien las inversiones forzosas tienen el loable propósito de impulsar el otorgamiento de crédito y el crecimiento de sectores de gran importancia como el industrial, de vivienda, agropecuario y turismo, lo cierto es que estas, como mecanismo de represión financiera, generan distorsiones en el mercado crediticio”. Razón por la que el gremio considera la propuesta como “inconveniente”.
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