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El Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes estima que se requieren US$1.440 millones en 2021 para cumplir la meta
La regulación de la población venezolana en Colombia, cuya primera fase comenzó el pasado 5 de mayo, ha sido ampliamente reconocida por la comunidad internacional, y catalogada como el camino a seguir por otras naciones receptoras de inmigrantes. Ahora el llamado es a pasar del apoyo político a la contribución económica. En esa transición Canadá juega un papel fundamental, no solo como financiador directo de programas sociales para la población refugiada en Latinoamérica, sino en la convocatoria para movilizar recursos hacia las naciones que albergan una de las mayores diásporas de la historia reciente, que hoy se estima en 5,7 millones de personas, equivalentes a 16% de la población total de Venezuela.
El próximo 17 de junio Canadá acogerá la segunda Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con Refugiados y Migrantes Venezolanos, una iniciativa creada en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que busca recaudar recursos para mejorar las condiciones de millones de refugiados y migrantes de Venezuela radicados hoy en 17 países de América Latina y el Caribe.
Durante la primera conferencia, realizada el año pasado en España bajo el liderazgo de la Unión Europea, las promesas de contribuciones sumaron US$2.790 millones, de los cuales US$653 millones fueron donaciones directas, mientras que el resto obedecieron a planes de financiación. Si bien dicha cifra fue importante, también es cierto que los desafíos que enfrentan hoy los países, en especial Colombia que ya adelanta el plan de regulación para 1,7 millones de venezolanos, son más complejos por cuenta de las limitaciones económicas generadas por la pandemia. De ahí que hoy se requiera una mayor contribución por parte de los países y organismos donantes.
“El apoyo de la comunidad internacional no es suficiente. El año pasado se recibió solo la mitad de lo necesario para apoyar a las personas necesitadas con temas básicos como agua, nutrición y refugio”, señaló la Ministra de Desarrollo de Canadá, Karina Gould. En un conversatorio organizado por el Banco Mundial como antesala a la conferencia, la funcionaria insistió en la necesidad de aumentar el monto de las ayudas. “Hago un llamado a la acción. A los países donantes, y los nuevos donantes, para que contribuyan con apoyo a los migrantes venezolanos y las comunidades que los recibe”, agregó la ministra Gould.
“Hago un llamado a los países donantes, y los nuevos donantes, para que contribuyan con apoyo a los migrantes venezolanos y las comunidades que los reciben”.
Y es que si bien se ha dado una movilización de recursos por parte de naciones y organismos internacionales, lo cierto es que el apoyo externo a la crisis de refugiados sirios ha sido diez veces más que el que se ha dado a los venezolanos. El Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2021, conformado por 159 países socios, advierte que se requiere de una contribución mínima de US$1.440 millones en 2021 para cumplir la meta de apoyar a 3,3 millones de refugiados y migrantes de Venezuela y a las comunidades receptoras. Es decir, para alcanzar dicho propósito, se requeriría que la comunidad internacional duplicara sus donaciones directas.
Para el caso colombiano la regulación de los inmigrantes venezolanos demandará un gasto del gobierno cercano a los US$1.300 millones anuales. “El costo de ser anfitriones de migrantes es muy alto. En Colombia calculamos de manera conservadora que su regularización y la extensión de los servicios públicos le cuesta al gobierno entre 0,4% y 0,5% del PIB al año”, explicó Carlos Felipe Jaramillo Vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Según cálculos de ese mismo organismo, una vez la población regulada se inserte a la economía, su participación puede generar un crecimiento adicional de la economía en 1% anual en el mediano y largo plazo. Sin embargo, el gran reto hoy para países como Colombia, Ecuador y Perú, e incluso algunos países del Caribe, como Aruba, donde la población venezolana ya representa 16% del total de sus habitantes, es contar con los recursos que le permitan garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas de los migrantes e incorporarlos formalmente en su aparato productivo.
Como país donante Canadá viene realizando desembolsos importantes para atender esta crisis migratoria. Recientemente el gobierno canadiense anunció nuevos recursos por US$23 millones para a mitigar los efectos que ha tenido la pandemia entre los venezolanos residentes en Colombia, los cuales serán destinados a seis áreas, entre las que se encuentran la educación, la equidad de género, y el empoderamiento económico de mujeres y jóvenes en zonas rurales. En los últimos dos años Canadá ha comprometido más de US$66 millones para atender la crisis de Venezuela a través de asistencia. Ahora la apuesta es aumentar las donaciones durante la conferencia de junio, y para ello ha venido liderando encuentros de sensibilización alrededor de los migrantes y los países que los acogen.
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