Acuerdo de Walmart en México por US$370 millones se produjo tras amenazas penales

El acuerdo histórico de Walmart de México SAB por US$370 millones se produjo al enfrentar posibles cargos penales de fraude fiscal, en medio de una ofensiva del Gobierno mexicano contra las grandes empresas.

A principios de este año, los funcionarios presentaron una denuncia penal ante fiscales federales sobre la estrategia de la unidad mexicana de Walmart Inc., conocida como Walmex, usó para minimizar sus ganancias por la venta en 2013 de una cadena de restaurantes, según tres personas familiarizadas con el asunto que solicitaron el anonimato, ya que los asuntos fiscales están protegidos por las leyes de privacidad.

El acuerdo, anunciado el mes pasado, fue el más grande en la historia reciente, según media docena de expertos en impuestos, y marcó un momento decisivo en la batalla del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para poner fin a la evasión fiscal generalizada en México desde que asumió el cargo a fines de 2018. También reduce la probabilidad de que el minorista más grande del mundo se enfrente a un mayor enjuiciamiento por cuestiones fiscales.

El acuerdo ha suscitado preocupación de directores financieros y auditores, que temen que el Gobierno pueda usar las amenazas de enjuiciamiento y vergüenza pública contra ellos, y muchos se apresuran a resolver disputas fiscales, dijeron las personas.

Solo unos días después de que se anunciara el acuerdo de Walmex, la embotelladora de Coca-Cola y operadora de tiendas Fomento Económico Mexicano SAB dijo que pagaría un acuerdo aún mayor de 8.800 millones de pesos, o alrededor de US$410 millones, para evitar ir a la corte. Durante el fin de semana, López Obrador dijo que International Business Machines Corp. acordó pagar 669 millones de pesos.

El pago de Walmex equivale a poco más de 1% de los ingresos anuales de la compañía a 2019. El acuerdo de Femsa representa menos de 2% de sus ingresos de 2019.

Leyes “complejas”

La autoridad fiscal de México, conocida como SAT, no respondió a una solicitud de comentarios. En respuesta a las preguntas de Bloomberg News, Walmex dijo que había trabajado con las autoridades fiscales en la interpretación de leyes “complejas”. “Como resultado, cerramos varias evaluaciones de impuestos abiertas ante el SAT para brindar certeza y concluir estos asuntos complejos”, dijo Walmex.

Walmex fue la primera incursión de Walmart fuera de Estados Unidos. Mientras que el minorista ha tenido problemas en regiones como Alemania, Japón y Brasil, México ha sido la joya de las operaciones internacionales de Walmart. Su director ejecutivo, Doug McMillon, llamó al negocio una “joya” en una reciente conferencia con inversionistas.

Las ventas crecieron 5,2% el año pasado, lo que la convierte en la región de más rápido crecimiento en la unidad internacional de US$124.000 millones de Walmart. Si bien Walmart prácticamente dejó de abrir nuevas tiendas en Estados Unidos, abrió 134 en México el año pasado.

No obstante, la reputación de Walmex en México se vio afectada luego de las acusaciones de que sobornó a funcionarios mexicanos hace más de una década para acelerar la apertura de tiendas. Walmart Inc. acordó pagar US$282 millones en multas el año pasado, después de una investigación de corrupción de siete años que abarcó todo el mundo.

A fines del año pasado, México aprobó nuevas leyes que clasifican el fraude fiscal como crimen organizado y permiten a los funcionarios encarcelar a los ejecutivos que enfrentan cargos mientras esperan juicio. López Obrador argumentó que las grandes y ricas compañías del país habían disfrutado de la condonación de impuestos durante décadas bajo administraciones “corruptas”.

A medida que el brote de coronavirus se apoderó del país, López Obrador se negó a ofrecer exenciones fiscales y en su lugar exigió que las grandes empresas paguen miles de millones de pesos en deudas tributarias. Si bien se abstuvo de nombrar a Walmex, dijo repetidamente que importantes empresas no han pagado suficientes impuestos y que algunas han infringido la ley.

El impulso del Gobierno para atacar la evasión fiscal ha ganado urgencia a medida que México enfrenta una fuerte caída en sus ingresos debido a la recesión actual.

Cambio de política

La mano dura a las empresas marca un cambio en las últimas décadas, cuando el Gobierno adoptó una postura mucho menos agresiva con las grandes empresas como parte de una estrategia para promover la inversión y crear empleos, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Las empresas extranjeras en particular rara vez fueron blanco de denuncias penales.

El acuerdo de Walmex está relacionado con la venta de 8.200 millones de pesos en 2014 de su cadena de restaurantes Vips a Alsea SAB, que opera las marcas Starbucks y Domino’s Pizza en México y otros países. Los asesores fiscales inicialmente pensaron que la compañía podría luchar fácilmente contra el reclamo. Pero el acuerdo de la semana pasada “envió ondas de choque” a través de los círculos fiscales y corporativos, dijo Mauricio Martínez, socio de Deloitte en México.

Walmex no había declarado ningún impuesto al momento de la venta, dijeron dos personas con conocimiento de la auditoría. Las tácticas utilizadas por Walmex para reducir sus obligaciones fiscales han sido utilizadas por otras compañías, según varios expertos en impuestos.

Walmex no hizo comentarios sobre la estrategia fiscal que utilizó en la venta y provocó la auditoría original, pero dijo que “el pago es resultado de la revisión de las evaluaciones sustanciales de impuestos abiertas desde el año 2014 hasta 2018 y de nuestro trabajo con el SAT para interpretar estas leyes fiscales complejas”.