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Bernando Arévalo, presidente de Guatemala
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Pero también socavaron el frágil estado de derecho guatemalteco colocando al país al borde de una crisis de gobernabilidad
Bernardo Arévalo asumirá el domingo la presidencia de Guatemala para el período 2024-2028 con la promesa de desterrar la arraigada corrupción en el país, aunque su ofrecimiento podría naufragar en un Congreso dividido donde no tiene mayoría y si se agravan las acciones de la justicia contra él y su partido.
Prometiendo acabar con la corrupción y restaurar la democracia en Guatemala, el país más poblado de Centroamérica con 17,1 millones de habitantes, Arévalo, de 65 años, logró un amplio triunfo en el balotaje de agosto. Pero, desde entonces, el Ministerio Público (MP) arreció en sus intentos por desacreditar su triunfo y entorpecer la transición.
Las medidas del MP, intento de despojo de la inmunidad de Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera; suspensión de su partido, Movimiento Semilla; y buscar la anulación del proceso electoral- llevaron a miles de guatemaltecos a tomar las calles y a la comunidad internacional a levantar su voz de protesta.
Pero también socavaron el frágil estado de derecho guatemalteco colocando al país al borde de una crisis de gobernabilidad que podría limitar la implementación de las principales promesas de campaña de Arévalo, como sanear la administración pública, luchar contra la delincuencia organizada, generar más empleos y combatir el cambio climático.
"Los problemas no han terminado para Arévalo", opinó Roberto Alejos, expresidente del Congreso y analista político guatemalteco.
"No le van a dejar pasar ninguna ley en el Congreso y tendrá suficientes dificultades para gobernar", agregó.
A pesar de su aplastante triunfo presidencial, Semilla, un partido socialdemócrata, ecologista y progresista, apenas logró 23 de los 160 curules del legislativo,colocándose como la tercera fuerza detrás de los conservadores Vamos, del saliente mandatario Alejandro Giammattei, y UNE, de la exprimera dama Sandra Torres.
"Las acciones para criminalizar a Bernardo Arévalo y a otros miembros del partido podrían continuar, incluyendo despojarlos de su inmunidad", dijo Ana María Méndez, directora para Centroamérica del centro de promoción de derechos humanos Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Wola.
"La alteración del orden constitucional en Guatemala generada por (la fiscal general, Consuelo) Porras es una grave amenaza para la gobernabilidad, la estabilidad y la paz", añadió.
El MP ha negado las acusaciones de que estaría llevando a cabo un "golpe de Estado" y ha dicho que su accionar se encuentra dentro del marco de las leyes.
Arévalo, un diplomático de carrera, sociólogo e hijo del expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), recibirá un país donde poco más de la mitad de la población vive en la pobreza, con un alto costo de vida y tasas de violencia y que se ha convertido en el principal expulsor de migrantes centroamericanos a Estados Unidos.
Por ello, analistas creen que el gobierno de Arévalo será "de transición" ya que los cambios en pobreza, derechos económicos, sociales y culturales son temas estructurales que, en cuatro años, son difíciles de cambiar.
"No creemos que el pueblo de Guatemala en este momento esté esperando que (nosotros) lleguemos con una varita mágica", dijo Arévalo a Reuters poco después de su triunfo de agosto.
"Lo que quieren ver (...) es autoridades que finalmente asuman el compromiso de trabajar para el desarrollo y de trabajar para la gente, eso es lo que nosotros vamos a hacer", agregó.
El gobierno de Arévalo y Herrera enfrentará una disyuntiva en sus esfuerzos por reducir la migración ya que las remesas que envían los guatemaltecos ayudan a mantener a flote la economía local. En 2023 alcanzaron el récord de US$19.800 millones, cuatro veces más que una década atrás y 26% más que las exportaciones del país en 2022.
Tras ganar la presidencia, Arévalo ha insistido en que expandirá las relaciones con China, lo que aunque él niega, supondría un cambio de política del país centroamericano que mantiene lazos con Taiwán.
La movida, estiman expertos, podría enfurecer a su mayor socio comercial, Estados Unidos, un aliado de la isla gobernada democráticamente.
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